Para unos se trata de la protección de los ciudadanos, para otros es simplemente xenofobia. El endurecimiento sin precedentes de la ley de inmigración en el estado de Arizona está causando en Estados Unidos un furor como casi ninguna otra ley de ámbito local.
Los defensores de los derechos civiles advierten: “Se abrió la temporada de caza de latinos”. Sin embargo, los conservadores argumentan que la protección contra la delincuencia también es un derecho humano. Desde el estado federado que ha levantado una enorme valla en la frontera con México surge un debate sobre uno de los problemas clave en Estados Unidos desde hace tiempo y que tiene eco en todo el país. Este asunto recuerda además al presidente Barack Obama una de sus promesas electorales más importantes: la reforma de la ley de inmigración.
“Tengo miedo”, afirmaba una estudiante hispana con lágrimas en los ojos. Ella junto a otros miles de personas se manifestaron en Phoenix contra la ley que fue aprobada en el congreso del estado federado. La normativa supone una presión legal continua para ella, pues en Arizona, quien tenga aspecto extranjero y no pueda mostrar al instante su permiso de residencia, corre el riesgo de ir a la cárcel.
La población civil se convierte en garante del orden, ahora está amparada por la ley para espiar a sus conciudadanos y, si lo considera necesario, obligar a la policía a que examine al extranjero que a su entender puede ser sospechoso. “No puede ser que para un policía sea más importante detener a un inmigrante sin papeles que a un criminal violento sólo para no tener que hacer frente a una demanda”, criticó Arturo Venegas, ex jefe de la policía de la ciudad de Sacramento, que pertenece al grupo defensor de las libertades civiles Law Enforcement Engagement Initiative. La ley, concluyó, es una “catástrofe”. No comparten su opinión sin embargo numerosos ciudadanos de Estados Unidos, que sufren las consecuencias de un aumento de la delincuencia relacionada con la violencia y las drogas y que se filtra por la frontera mexicana.
Un momento decisivo para la ley –que la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, promulgó el viernes pasado– fue el asesinato brutal de un conocido miembro de las fuerzas del orden que, en opinión de la policía, fue obra de inmigrantes que habían cruzado ilegalmente la frontera. En vista del creciente temor (y de que se acercan las elecciones de mitad de legislatura, en noviembre), los republicanos en Arizona, liderados por el senador de ese estado John McCain, se han visto obligados a actuar justo contra el grupo de población que el ex candidato presidencial cortejó durante la campaña: los latinos. Entonces no le importaba que tuvieran o no los papeles en regla.
Tras una estimación del Departamento de Seguridad Nacional, en Estados Unidos viven de forma ilegal unos 12 millones de personas y casi el 60% proviene de México. Durante la presidencia de George W. Bush se comenzó a levantar una valla a lo largo de mil kilómetros de frontera para detener el flujo ilegal de inmigrantes. Pero pese al alambre de espino y las numerosas patrullas civiles que vigilan la frontera, los inmigrantes siguen llegando. Los expertos estiman que anualmente ingresan de forma irregular en Estados Unidos cerca de 1.5 millón de personas.
El tema de la inmigración es, junto con el del aborto, uno de los más sensibles en política nacional y un tema especialmente delicado para todo presidente. El predecesor de Obama, Bush, ya fracasó en 2007 al intentar flexibilizar los derechos de los extranjeros. Su propuesta estuvo durante meses en el Senado pero no prosperó. También Barack Obama prometió durante su investidura que iba a sacar de “la sombra” a los millones de inmigrantes ilegales y que el gobierno iba a analizar “la ley de inmigración”, que estaba “rota”.
El hecho de que no haya cumplido esta promesa al no dedicarse durante su primer año de mandato a la ley de inmigración es algo que ha decepcionado a muchos inmigrantes y defensores de los derechos civiles. Ahora siguen con atención cómo reacciona a la ley del estado de Arizona.
Tras su aprobación, el presidente la calificó de “desencaminada”, en una reacción que para muchos llegaba tarde. El mandatario anunció que había dado la orden al equipo legal de su gobierno para que evaluara su constitucionalidad.
Pero los defensores de la ley se muestran confiados. La nueva ley cuenta con el apoyo de la mayoría, debido a que Arizona paga los elevados costes de la inmigración ilegal, dijo Bob Dane, portavoz de la iniciativa Federation for American Immigration Reform.