“Solo es digno del poder aquel que lo justifique con eficiencia y honestidad día a día”. Palabras más o menos, creo recordar con precisión lo que el legendario secretario general de la ONU, Dag Hammarskjold, trataba de transmitir con ellas. El régimen que tenemos carece de las dos exigencias. Es probadamente ineficiente, sumamente corrupto y quienes lo administran corruptores. Hugo Chávez fue elegido para gobernar cinco años sin reelección inmediata. Ya sobrepasó la década con una nueva Constitución, tres elecciones presidenciales, un referéndum revocatorio y varias consultas adicionales. Todos los procesos acompañados de desviaciones, trampas, vicios y fraudes progresivos para alcanzar el propósito continuista, consolidar el control de todas las ramas del poder público y del dinero y del crédito del país.
Por supuesto que en su agenda totalitaria ha estado presente la destrucción del aparato productivo privado y de cualquier instrumento de poder no dependiente del Estado-gobierno que pudiera hacerle resistencia a su objetivo. Iglesias, partidos, sindicatos, universidades y gremios profesionales son víctimas de la agresión sistemática del régimen.
Los límites del poder presidencial están claramente definidos en la Constitución hecha a su gusto en 1999. Están groseramente desbordados, el estado de derecho liquidado, el país militarizado y sus actividades fundamentales controladas o interferidas por estructuras del crimen organizado que sirven de instrumento al narcotráfico, al contrabando y a la subversión continental y mundial. Pruebas testimoniales y materiales abundan dentro y fuera de Venezuela. También las complicidades compradas con el dinero negro que maneja sin controles.
Dentro de este contexto ubico las recientes acciones para liquidar la autonomía de estados y municipios, para reducir lo que va quedando de autoridad y recursos propios de gobernadores y alcaldes. Este es el verdadero propósito del asesinato contra el proceso de descentralización iniciado con mucha timidez en la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez.
El artículo 164 de la Constitución vigente establece las competencias exclusivas de los estados. En el numeral décimo señala expresamente “La conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial en coordinación con el ejecutivo nacional”. Esta norma está contenida en la Ley Orgánica de descentralización, delimitación y transferencia de competencias del poder público de 1990. Al darle rango constitucional en 1999 se pretendía hacer irreversible el proceso de descentralización que ahora Chávez quiere poner al servicio de la delincuencia organizada.
La prevención y represión relativa al narcotráfico, al contrabando o a la evasión fiscal en puertos y aeropuertos siempre ha estado en manos del Gobierno Nacional, de la fuerza armada, de la Oficina Nacional Anti-drogas (ONA), del Seniat y otros organismos competentes. Son los responsables por acción u omisión de cualquier delito en estas áreas. Gobernadores y alcaldes responden por la planta física y la eficiencia de los servicios, pero hasta allí. El problema es de otra naturaleza. La violenta agresión de Chávez encubre un oscuro fondo de operaciones de militares y civiles del Gobierno que utilizan puertos y aeropuertos para sus fines. No es un ingenuo. Es el jefe real de las estructuras señaladas y pieza muy importante de un tablero internacional que manejan otros.
De acuerdo a las palabras de Hammarskjold, Hugo Chávez no es digno del poder que tiene. No merece ser presidente. Pierde la poca legitimidad que le quedaba. El nuevo golpe a la Constitución liquida la precaria legalidad que hasta ahora le había servido de soporte.