Con motivo del fallecimiento del ex presidente colombiano Alfonso López Michelsen, ocurrido el 11 de julio último, algunos colaboradores del régimen militar alabaron las ejecutorias de aquel mandatario y, en particular, sus gestiones conducentes a la firma del antinacional Tratado de Montería, suscrito el 22 de agosto de 1979 entre Colombia y la ilegítima tiranía torrijista. Dicho tratado renovó la entrega, a Colombia, de derechos de paso por el Canal de Panamá, concedidos inicialmente por Estados Unidos en el Tratado Thompson-Urrutia de 1914.
Mediante el Tratado de 1914, el Gobierno de Washington pagó a Colombia 25 millones de dólares por la "pérdida" de Panamá (como si Panamá alguna vez hubiese sido "propiedad" de Colombia) y le concedió a aquella República, entre otras prerrogativas, la de "transportar en todo tiempo por el canal interoceánico sus tropas, material de guerra y buques de guerra, aún en caso de guerra entre Colombia y otro país, sin pagar ningún derecho a Estados Unidos" (Art. II, numeral 1).
Las disposiciones de dicho tratado (que además fijó arbitrariamente los límites territoriales entre Panamá y Colombia, en detrimento nuestro, por supuesto) son de lo más ofensivas a la dignidad panameña. En 1914, no le quedó a Panamá más remedio que tolerarlas, pues frente a la dominación que Estados Unidos ejercía en nuestro país en los años iniciales de la república, poco o nada era lo que podíamos hacer. En aquel momento, Estados Unidos deseaba superar diferencias con Colombia y, a tales efectos, usó a Panamá y a su Canal interoceánico como comodín. (Al mejoramiento de las relaciones colombo-estadounidenses también contribuyó, sin lugar a dudas, el aludido soborno de 25 millones de dólares, que el Gobierno de Bogotá indignamente aceptó).
Si en 1914 había una razón de fuerza mayor (razón moral nunca existió) para que Panamá aceptase la entrega, a Colombia, de derechos de paso por el Canal, en 1979 no existía justificación alguna para que Panamá reconociese y renovase las prerrogativas otorgadas por Estados Unidos a Colombia 65 años antes, a pesar de lo que señaló en La Prensa (16 de julio) Jorge Ritter Domingo. Sobre el particular, escribió Ritter Domingo: "Cada vez que Panamá y Estados Unidos se aproximaban a una solución [al problema canalero] surgían los derechos de Colombia como un obstáculo insalvable, puesto que el Gobierno colombiano le había expresado de manera terminante a Estados Unidos que sus derechos debían ser salvaguardados en cualquier acuerdo que firmara con Panamá".
Un Gobierno panameño comprometido con el interés nacional hubiese rechazado contundentemente las atrevidas pretensiones del Gobierno colombiano, por lesivas a la soberanía panameña y contrarias a la neutralidad del Canal, causas históricas de la Nación istmeña. Pero en vez de enfrentar con firmeza las demandas bogotanas, el dictador Torrijos acordó con López Michelsen -según nos explicó Ritter Domingo- que los privilegios colombianos no se incluyeran en los tratados de 1977 "a cambio de que una vez recuperado el Canal le fueran reconocidos" por Panamá en un arreglo aparte. De esa manera, fue la propia dictadura panameña (en vez del Gobierno estadounidense) la que accedió al menoscabo de la soberanía nacional en el Tratado de Montería, magna obra de López Michelsen. ¿Es éste un capítulo histórico que merece ensalzamiento? ¡De ninguna manera!
En su panegírico a López Michelsen, Ritter Domingo no comentó a las groseras presiones del ex presidente colombiano, quien de manera irrespetuosa exigió a Panamá la ratificación del Tratado de Montería. Tampoco se refirió al exabrupto cometido por la Guardia Nacional torrijista, la cual irrumpió en el recinto de la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos para aconductar a los miembros de esa corporación que se oponían al Tratado de Montería y obligar a los representantes a aprobar dicho convenio, para así cumplir con los compromisos políticos adquiridos por el tirano Torrijos con López Michelsen. Sobre el particular y para mayor ilustración de este suceso vergonzoso, conviene citar al ilustre jurisconsulto panameño, Dr. Carlos Bolívar Pedreschi, quien en su obra Panamá: Visión política y testimonial de su drama (1993), señala lo siguiente:
"Es conocido que la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos no quería aprobar el Tratado de Montería, al extremo que dejó expirar su período ordinario de sesiones sin considerar siquiera dicho tratado. Pero asimismo es conocido todo el asedio de que fue objeto la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos por parte del poder militar, no obstante el claro e inmediato parentesco que la une a esa institución, para violar la intimidad de sus verdaderos sentimientos políticos y obligarla, con el despliegue de fuerza que el país pudo observar por prensa y televisión, a convocar, primero, a una sesión extraordinaria para tratar lo que no quiso tratar en sus sesiones ordinarias y conminarla, luego, a que finalmente consintiera en lo que no quería consentir: la aprobación del Tratado de Montería".
López Michelsen pudo ser un gran político colombiano. Pero en lo referente al Canal de Panamá, indudablemente actuó en defensa de los intereses de Colombia y en daño de los nuestros. Todo parece indicar que los vínculos que algunos personajes del PRD han mantenido con gente de todas las calañas en Colombia han influido para que aplaudan hasta las injustificadas exigencias y el abusivo proceder de los gobiernos colombianos hacia nuestro país.
El autor es catedrático de ciencias políticas y fue director general de Política Exterior
