El concepto desarrollo sostenible, acuñado en el Informe Nuestro Futuro Común, elaborado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas (ONU) en 1987, propuso repensar las políticas de desarrollo económico y concluyó que solo conciliando el progreso económico con la justicia social y la preservación ambiental puede lograrse el desarrollo sostenible, cuyo eje es el ser humano.
Las inundaciones ocurridas este 8 y 9 de septiembre en la vía Ricardo J. Alfaro, Condado del Rey, Betania, vía Tocumen, San Miguelito, Juan Díaz, Panamá oeste y Ciudad Radial, entre otras zonas, evidencian que el modelo de desarrollo urbano que tenemos conlleva un costo social y medioambiental sumamente alto, por ser destructor de manglares y áreas boscosas, extractor de arena y piedras de los ríos, imprudente al desconocer los niveles naturales del terreno, irresponsable al tirar a las alcantarillas los escombros de las construcciones, y deshonesto al tomarse las áreas públicas y las servidumbres.
Desde hace años, los respectivos gobiernos se lamentan por estas situaciones, pero desconocen que son originadas parcialmente por la apatía, irresponsabilidad o complicidad de algunas autoridades que permiten este desacertado modelo de desarrollo urbano, cuyo único objetivo es el lucro a costa del bienestar colectivo.
La inspección hecha ahora por la Dirección de Gestión Ambiental y de Obras y Construcciones de la Alcaldía de Panamá informó que “algunos proyectos se han tomado servidumbres de ríos, entubándolos y rellenando sobre ellos”. Queda en evidencia que no existe una efectiva protección jurídica del espacio público, que se incumplen las normas y códigos de construcción que determinan la edificabilidad y los derechos de desarrollo, de las obras de infraestructura básica, y de la protección del medio ambiente, y que tampoco hay capacidad para la fiscalización por parte de las instituciones responsables: municipios y los ministerios de Vivienda y Ordenamiento Territorial, de Obras Públicas y de Ambiente, entre otros.
Las inundaciones coincidieron con la apertura de Expo Vivienda 2015, y en el discurso de inauguración se afirmó: “La industria de la construcción se ve afectada actualmente por una serie de factores que van desde altos costos en los insumos, como por una serie de normas y regulaciones por parte de las autoridades, aunado a las quejas de las comunidades que se oponen al desarrollo de nuevas obras”.
Lo anterior demuestra que hay un desencuentro profundo entre constructores, autoridades y ciudadanos. Esto me hace recordar la conferencia “Corresponsabilidad del sector privado en la construcción de la ciudad”, dictada en la Cámara de Comercio el pasado 2 de septiembre, por un funcionario de ONU-Hábitat, quien destacó que para lograr la sostenibilidad de la ciudad hay dos puntos de partida: la necesidad de pensar la ciudad como un bien colectivo, y el enfoque “trípode”, basado en tres principios: economía, legislación, y planeación y diseño, que cuando se cumplen y están bien integrados, garantizan una urbanización equilibrada.
Además de lo anterior, es crucial la capacidad técnica e institucional –nacional y local– para la planeación urbana, y el decisivo compromiso político para llevar adelante ese proceso asegurando que la academia y los ciudadanos tengan participación activa, así como la decisión irrevocable de hacer cumplir lo que establecen los instrumentos y planes de planificación.
La población, hastiada de la impunidad, reclama medidas enérgicas que sancionen de manera ejemplar e impidan que continúe la irresponsabilidad de los funcionarios, así como las inadecuadas formas de urbanizar. Esto debe incluir multas elevadas y la destrucción de obras que incumplen las normas, porque en su momento las empresas constructoras y compañías inmobiliarias lucraron con proyectos, y ahora son responsables de las cuantiosas pérdidas económicas de los ciudadanos.
No se deben postergar las acciones políticas decididas que orienten un crecimiento económico basado en políticas de sostenibilidad, en procesos de planificación urbana, en el cumplimiento estricto de las leyes y el adecuado manejo de los recursos ambientales, como la única forma de garantizar la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible de la ciudad.