El 15 de marzo de 2006, el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, calificó de “histórica” una decisión que acababa de tomar su Asamblea General. Por enorme mayoría, un flamante Consejo de Derechos Humanos sustituyó a la comisión creada 60 años atrás.
El discurso de Annan tuvo un tono esperanzador, pero con asomos de crudo realismo. “La prueba sobre la credibilidad del consejo –dijo– será el uso que sus miembros hagan de él”.
Tres años después, el joven organismo no ha pasado esa prueba. Peor aún, ha sucumbido al mismo mal que tenía postrada a la comisión: la primacía de consideraciones políticas e ideológicas al evaluar el respeto de los Estados a los derechos humanos.
El ejemplo más reciente surgió el pasado jueves, cuando Cuba se sometió a uno de los nuevos mecanismos creados por el consejo: la “revisión periódica universal”, un rendimiento de cuentas en la materia por el que deben pasar, cada cuatro años, los 192 Estados miembros de la ONU.
Que su ministra de Justicia, María Esther Reus, promoviera a la dictadura como un modelo de buena conducta, no sorprende. Para eso le pagan. Además, el guión es de sobra conocido: presumir de enormes (y dudosos) avances en educación, salud y “solidaridad” internacional; desdeñar la importancia de los derechos civiles y políticos, y arremeter contra EU.
Lo más revelador vino luego. Solo las democracias más plenas representadas en el consejo, como Canadá, Francia y Gran Bretaña, plantearon denuncias, exigencias o sugerencias de fondo. La mayor parte de los demás delegados, o relegaron los temas cruciales, o respaldaron directamente al régimen castrista, o arremetieron contra el embargo estadounidense.
Las conclusiones y recomendaciones se darán a conocer dentro de unos días. Pero todo hace suponer que estarán muy lejos del problema central en Cuba: la naturaleza totalitaria y represiva del régimen.
Lo sucedido en torno en este caso no refleja, necesariamente, una particular complicidad con Fidel o Raúl Castro, sino la distorsionada naturaleza del consejo y su composición. Hasta ahora, varios de sus integrantes son países que violan sistemáticamente los derechos humanos. Una mayoría de ellos, además, utiliza su posición en el organismo para promover intereses políticos, económicos o estratégicos.
Sus 47 integrantes son elegidos por la Asamblea General por representación regional: 13 de África, 13 de Asia, seis de Europa Oriental, ocho de América Latina y el Caribe, y siete de Europa Occidental y “otros Estados”. De este modo, hay una mayor representación de las zonas del mundo con menor desarrollo democrático. Y como la elección no depende del grado de democracia y libertad de los países, sino de su capacidad para negociar votos en la Asamblea General, el resultado es que entre los miembros hay regímenes tan autoritarios como Cuba, Rusia, China, Camerún, Azerbaiyán, Arabia Saudita, Angola y Qatar.
Entre los representantes por América Latina, además de Cuba, hay dos países del “eje bolivariano”: Bolivia y Nicaragua. Los otros son Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay.
Existe, además, una peligrosa coartada conceptual. Durante las últimas décadas, se ha insistido en promover los derechos económicos, políticos y culturales, mucho más difíciles de definir y medir que los civiles y políticos.
Su impulso, sin duda, es necesario. Pero más importante aún es tener presente que, sin la plena vigencia de las libertades públicas, los demás derechos pierden contenido. Por esto tantos autócratas los usan como cortina para ocultar las violaciones a las libertades básicas y la integridad de los ciudadanos.
El Consejo de Derechos Humanos sufre este problema, simplemente porque muchos de sus miembros o no son realmente libres, o no se preocupan por la libertad.
Mientras el ejercicio de la democracia real y los derechos civiles, a partir de claros indicadores, no sean el primer filtro a pasar en las “revisiones periódicas universales”, muy poco se logrará con ellas. Por esto, el joven consejo marcha tan erráticamente como la fenecida comisión.