Como una especie de herencia maldita de la dictadura es como podemos caracterizar la legislación vigente en materia de libertad de expresión en nuestro país en los primeros años de la década de 1990. Muy lentamente, casi a regañadientes, los gobiernos posteriores han ido desmantelando toda esa normativa dirigida a intimidar a quienes pretendieran fiscalizar la gestión de los gobernantes.
Pese a los avances logrados, tales como la eliminación de los denominados decretos mordaza y las normas de desacato, todavía quedan vigentes algunas disposiciones totalmente anacrónicas y represivas, como lo son aquellas que penalizan la calumnia y la injuria. Consciente de ello, a inicios del presente período gubernamental, en ejercicio de la iniciativa legislativa que consagra la Constitución, presenté el Anteproyecto de Ley Nº 8, "Que Promueve la Libertad de Expresión y la Libertad de Prensa", en el cual, entre otras cosas, se propone la despenalización de la calumnia e injuria. Lamentablemente, a pesar de que el anteproyecto fue prontamente prohijado y se convirtió en el Proyecto de Ley Nº 11, el mismo no ha avanzado más en su aprobación, porque hubo al parecer una contraorden de parte del Órgano Ejecutivo, de no discutir dicha iniciativa, ya que la misma había sido presentada por un diputado opositor.
Enhorabuena que ahora, a propósito de un encuentro del Sindicato Interamericano de Periodistas, el presidente de la Asamblea se haya comprometido a discutir el tema. Ojalá que lo dicho no quede simplemente en palabras que se lleva el viento, sino que de verdad se saque de la gaveta el proyecto ya presentado y se le de discusión al mismo con carácter prioritario.
Se que el tema dista de crear consenso dentro de la sociedad panameña. Sin embargo, creo que se hace imperativo abrir la discusión sobre el tema y que aterricemos en reformas concretas al sistema vigente, que es claramente abusivo. En Panamá, para condenar a una persona por calumnia basta con que el supuesto afectado presente una querella y pida la condena. Al periodista o denunciado le toca probar que lo dicho es verdad, si no lo puede hacer, será condenado. Eso no es así en todos lados; por ejemplo, en Estados Unidos, el demandante es quien debe probar que lo publicado es falso y que además, se publicó con mala intención. Son ópticas totalmente distintas, la panameña es represiva; la norteamericana, es garantista.
A mi juicio, se trata de un escenario más de la eterna batalla entre libertad y autoridad. Ojalá que mis colegas de la Asamblea, de gobierno y oposición, permitan el espacio para debatir el tema y terminen optando por la libertad, despenalizando la calumnia y la injuria, fortaleciendo eso sí, la instancia civil para garantizar un proceso expedito que sancione pecuniariamente a quien publique falsedades a sabiendas de lo que hace y con la intención de hacer daño. Ya es hora de que dejemos atrás el sistema que ataca al mensajero, antes que concentrarse en el mensaje.
El autor es diputado
