El concepto de democracia, que tiene su origen etimológico en los vocablos griegos demos (pueblo) y cracia (poder, gobierno), es decir, el gobierno del pueblo, es un significado que prácticamente le dieron los ideólogos de la burguesía del siglo de las luces a un sistema de gobierno caracterizado por el hecho de que la soberanía (el poder) reside en el pueblo, utilizándose hasta nuestros días y cuyo origen de esta adulteración se atribuye a Alexis de Tocqueville; sin embargo, la palabra meritocracia probablemente aparece por primera vez en el libro Rise of the Meritocracy de Michael Young (1958), con un contenido negativo, ya que la historia trataba de una sociedad futura en la que la posición social de una persona era determinada por el coeficiente intelectual y el esfuerzo.
Young utilizó la palabra mérito en un sentido peyorativo, diferente al común o aquel usado por los defensores de la meritocracia. Para estos, mérito significa habilidad, inteligencia y esfuerzo. Así el concepto de meritocracia (del latín mereo, merecer, obtener) es una forma de gobierno basada en el mérito. Las posiciones jerárquicas son conquistadas en base al mérito y hay una predominancia de valores asociados a la educación y a la competencia. Los primeros indicios de este mecanismo se remontan a la antigüedad, en China, con los pensadores Confucio y Han Fei, quienes propusieron un sistema próximo al meritocrático.
En cuanto a la palabra "palancacracia", término inventado, no la encontrarán en ningún diccionario del idioma español; sin embargo, como en Panamá nos caracterizamos por inventar términos, que solo entienden los que tienen una afinidad con este pequeño terruño, sería fácil reconocer que se trata del gobierno de la palanca, del contacto, del empuje. Es fácil distinguir su existencia en muchas posiciones en el sector privado, teniendo más auge en el sector gubernamental, indistintamente del orden jerárquico que se trate, incluso, ahora que hay 74 aspirantes para dos vacantes de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en la que varios de ellos consideran que cumplen los requisitos que establece la Constitución Política; sin embargo, varios de ellos (as) no reúnen el perfil que había publicado la Alianza Ciudadana Pro Justicia, en su página web: www.alianzaprojusticia.org.pa, así como en los medios impresos, como es el hecho que sea de prestigio reconocido, tenga experiencia jurídica y preparación académica para la sala a la que aspira, preferiblemente con título de doctor en derecho, que haya publicado un número considerable de obras jurídicas, con proyección social, investigativa, participación ciudadana en la solución de los problemas de la justicia y reconocida solvencia moral. Probablemente varios de los aspirantes utilizarán el mecanismo de la "palancacracia", a fin de cumplir con su objetivo.
Al analizar la lista de los 74 aspirantes observo que hay 26 funcionarios de la administración de justicia, es decir, del Órgano Judicial y del Ministerio Público, quienes tienen la ventaja de conocer con más profundidad la labor de juzgar/investigar, lo que cambia el panorama de hace muchos años cuando era casi inexistente que se tomara en consideración a los servidores judiciales, y más bien el requisito era pertenecer al partido político en el poder, aunque hago la salvedad de que no se puede descalificar a alguien por pertenecer a un partido político; sin embargo, es de relevancia que se aplique lo ya comentado sobre la meritocracia y no la "palancracia", es decir, que se designe a la persona que tenga la preparación académica, experiencia laboral, de ejecutorias, y lo principal, la capacidad de trabajo y honestidad que hagan que el aspirante al máximo tribunal de justicia del país tenga el compromiso y vocación de servir al país, en cumplimiento fiel de la Constitución y las leyes, sin más allá que el amiguismo y el tráfico de influencias de toda índole.
