Más solo y aislado que nunca, el gobierno de facto de Honduras rechaza el diálogo que ofreció Manuel Zelaya. El presidente interino, Roberto Micheletti, sigue en su línea de no negociar, dispuesto a impedir que el depuesto gobernante vuelva al poder.
En la mañana del miércoles pasado se produjeron graves enfrentamientos ante la embajada de Brasil en Tegucigalpa, en la que se refugia Zelaya, al cargar la policía contra los simpatizantes del derrocado mandatario. Se confirmó que en los disturbios fue detenido un español, Antonio Porta, de 41 años y afincado desde hace décadas en el país.
El ejército hondureño mantiene rodeada la embajada de Brasil, cuyos alrededores permanecen acordonados desde el violento desalojo de los seguidores de Zelaya. Brasil ha pedido respeto para su legación diplomática. El gobierno de facto ha dado garantías de que no violará la sede de la embajada. Micheletti ha llegado a decir que Zelaya se puede quedar allí cinco o 10 años, aunque a renglón seguido le ha instado a entregarse para afrontar los cargos que se le imputan.
El tira y afloja de declaraciones no oculta la gravedad de lo ocurrido. En los enfrentamientos frente a la embajada varias personas resultaron heridas y 200 manifestantes, entre ellos el español antes citado, fueron detenidos por violar el toque de queda.
En declaraciones a Catalunya Radio, Zelaya criticó la reacción del gobierno de facto: “Yo he hecho un llamamiento al diálogo y ellos han respondido con balas y con bombas; he hecho un llamamiento para buscar una solución y ellos han respondido con amenazas y un estado de sitio”.
El espectacular y bien planeado regreso de Zelaya cogió a Micheletti a contrapié. El depuesto presidente tenía que tomar una iniciativa de peso para ponerse de nuevo en el candelero internacional. El tiempo corría a favor de Micheletti, que esperaba llegar a las elecciones del 27 de noviembre para legitimarse. Aunque está considerado por la comunidad internacional un gobernante golpista, se asentó en el poder al contar con el apoyo de las instituciones, del ejército y de una mayoría del pueblo hondureño, que rechaza la creciente intervención de Chávez en los asuntos del país. Durante 87 días, a Honduras se le aplicaron sanciones económicas y diplomáticas de todo tipo, pero resultaban ineficaces ante la decisión de las instituciones, de empresarios y de buena parte de la sociedad civil de resistir a toda costa y evitar que Zelaya volviera al poder.
Al rechazar cualquier mediación, Micheletti, el Congreso, el Supremo y demás instituciones hondureñas desafían a los organismos internacionales, a los países iberoamericanos y a la UE, que exigen el regreso de Zelaya. Como si pretendiera el total aislamiento internacional, el gobierno cerró los cuatro aeropuertos del país. El secretario de la OEA, José Miguel Insulza, no ha podido volar a Honduras. Tampoco pudo hacerlo el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, quien propuso el acuerdo de San José, con el regreso de Zelaya a la presidencia pero con un poder acotado. EU apoya este plan y ha instado al diálogo entre las partes, pero Micheletti insiste en que desde el momento en que Zelaya llegó sin mediar palabra, sin estar de acuerdo con nadie, rompió el acuerdo de San José.
Zelaya trazó una jugada maestra al buscar refugio en la embajada de un país que se ha asentado como líder político, diplomático y económico de Latinoamérica. Se desmarca así de Chávez y se abraza a Lula. No se ha aclarado aún cómo llegó a Tegucigalpa. El ministro de Defensa, Adolfo Sevilla, cree que entró en un coche de una embajada. Y no es la de Venezuela.