La Fiscalía Antidrogas de Panamá colabora en una investigación judicial en contra del ex director de Ingresos de Nicaragua Byron Jerez, detenido en ese país.
Jerez sufrió, a principios de año, la revocatoria de su visado estadounidense por lavar dinero. Tras el incidente, Jerez viajó a Panamá en marzo, donde es titular de varias sociedades, a través de las cuales mantiene cuentas en distintos bancos locales.
A su regreso a Nicaragua, fue encausado por actos de corrupción, en un notorio escándalo que la prensa nica denomina los checazos.
Jerez, de acuerdo con notas periodísticas de La Prensa de Nicaragua, desde 1990 ha sido vinculado al tráfico de drogas y lavado de dinero, malversación de fondos públicos y defraudación fiscal, entre otros delitos.
La esposa de Byron Jerez, Ethel, aparentemente intentó mover dinero que tenía en depósitos a plazo fijo en el Banco Continental. De acuerdo con fuentes bien informadas, Ethel de Jerez contaba con más de 5 millones de dólares en ese banco, pero logró trasladar 2 millones.
Pero, sorpresivamente, el Banco Continental recibió el pasado 27 de mayo órdenes del juez séptimo civil, Jorge Núñez, de embargar las cuentas de la Fundación Democrática Palma Real y la sociedad Zico Holding Ltd., hasta por la suma de 5.1 millones de dólares.
La Fundación era investigada, precisamente, por el fiscal antidrogas, Rosendo Miranda, en el caso de Byron Jerez y otros por lavado de dinero y corrupción de servidores públicos.
El juez explicó en su orden que el embargo guarda relación con el proceso ejecutivo promovido por Grupo Santa Marta, S.A..
El Continental embargó las cuentas de la Fundación, pero informó al juez que Zico no tenía cuentas con ellos.
El 31 de mayo llegó al banco otra orden, esta vez de Miranda. Pedía la aprehensión provisional de las cuentas de la Fundación Democrática y de Valeria Jerez González o Ethel de Jerez, esposa de Byron Jerez.
Al llegar la nota del fiscal, el banco se percató de que no podía embargar la cuenta, pues esta ya lo estaba a favor del Grupo Santa Marta.
Menos de dos semanas después de solicitar el embargo, el juez Núñez ordenó al Continental el 7 de junio de 2002 entregar al Grupo Santa Marta 3 millones de dólares de un depósito a plazo fijo que la Fundación tenía en ese banco.
El oficio fue entregado personalmente por Guillermo Cochez a Anaris de Melfi, asesora legal del banco. Ese mismo día se presentó al banco Víctor Martínez socio de Cochez junto con el abogado Hans Malek, presidente y representante legal del Grupo Santa Marta, e hizo entrega de un documento revelador.
Se trataba de un acta de la junta general de accionistas del Grupo Santa Marta, fechado el 7 de junio a las 9 de la mañana, es decir, el mismo día en que el juez Núñez ordenó al Continental pagar los 3 millones de dólares.
El documento disponía que Malek firmara los documentos necesarios a fin de que la firma Cochez, Pages y Martínez no solo retirara los 3 millones de dólares del Grupo Santa Marta, sino de que dispusiera de ese dinero.
Malek también entregó al banco un poder en el que autorizó irrevocablemente a la firma Cochez, Pages y Martínez para que en nombre de la sociedad [Santa Marta] tramiten todo lo relacionado a la entrega del cheque de los 3 millones.
Junto con el poder, iba otro documento: una carta de Guillermo Cochez en la que instruía al Banco para que hiciera un cheque o giro a Nueva York de 3 millones de dólares a favor de la Cía. de Inversiones Puntabarc, S.A., misma que preside y representa legalmente el propio Guillermo Cochez.
El abogado Víctor Martínez urgió al banco a entregar el cheque ese mismo día, pero este salió el 11 de junio. No fue hecho a nombre de Inversiones Puntabarc, como pidió Cochez, sino a nombre del Grupo Santa Marta, como había ordenado el juez.
Sin embargo, Cochez fue al banco al día siguiente con el cheque que el Continental había entregado al juez. El abogado pidió que, en vez de emitir un solo cheque prepararan dos. Uno a nombre de la Cía. de Inversiones Puntabarc ya no de 3 millones, sino de 2 millones 525 mil dólares y otro a nombre de Tudor-Clarkson Maritime Corp., de 475 mil dólares.
Esta última sociedad, como se dijo, tiene como agente residente a Cochez y Asociados y es la misma cuyos directivos son abogados que habían trabajado para Cochez en el pasado.
Todo parecía marchar sobre ruedas hasta que 13 de junio el banco terminó de recabar toda la documentación que el fiscal antidrogas había solicitado embargar dos semanas antes. En ese momento, el banco suspendió el pago del giro a favor de Inversiones Puntabarc, de 2.5 millones de dólares, pero no pudo con el cheque de Tudor, de 475 mil dólares.
El banco rastreó, no obstante, este cheque y encontró que fue depositado en el Norfolk and Hapmton Bank filial del Banco Continental en Florida. El mismo día que fue depositado, el 12 de junio, se confeccionaron dos cheques: uno a favor de Víctor Martínez y otro para Cochez. ¿Quién los firmó? Pues el propio Cochez y su socia, Sandra Pages. Cada cheque era de 50 mil dólares.
A su vez, Martínez depositó el cheque en la cuenta que tiene su cónyuge, Edith Basto Díaz, en el Continental, mientras que Cochez lo depositó en su cuenta personal en el mismo banco.
La Fiscalía de Antidrogas fue informada del hallazgo por el banco y el 14 de junio procedió a embargar las cuentas de Cochez, Basto quien labora para el Organo Judicial y la de Tudor-Clarkson Maritime.
Miranda ha interrogado a varios abogados panameños vinculados con esta operación. Incluso, fueron conducidos de un restaurante en Calle 50 hace dos semanas por la Dirección de Investigación e Información Policial (DIIP) al edificio Avesa, donde fueron interrogados por largas horas por el propio Miranda.
La Prensa trató de comunicarse con Cochez, pero de su residencia informaron que no estaba en Panamá.
