El Ministerio Público ha detectado un movimiento de dinero excesivo en algunas de las empresas y sociedades anónimas supuestamente vinculadas con la empresa Consorcio San Lorenzo, dentro de las investigaciones que se adelantan por las denuncias de soborno dentro de la Asamblea Legislativa.
Así lo confirmó ayer el secretario general de la Procuraduría de la Nación, José María Castillo, quien destacó que el equipo de auditores de la institución analiza por el momento el movimiento financiero de empresas y sociedades anónimas y que posteriormente estas investigaciones se harán con cuentas bancarias personales.
El Consorcio San Lorenzo, compuesto por cinco empresas entre locales e internacionales, firmó un contrato con el Estado que fue aprobado el pasado 30 de diciembre en la Asamblea, y que crea el Centro Multimodal de Industrias y Servicios (CEMIS) en Colón.
Destacó el funcionario que se ha llamado a declarar a directivos, representantes legales y empleados de este consorcio para que expliquen el movimiento bancario de esta empresa. Se llamó a rendir declaración jurada en este caso a los empresarios Martín y Lou Rodin, accionistas de la empresa, y a Stephen Jones, representante legal del Consorcio.
Ayer también rindió una declaración jurada Osvaldo Zamorano, contador de esta empresa, quien estuvo acompañado de la abogada María Eduarda Córdoba.
La abogada del Consorcio San Lorenzo manifestó que la empresa entregó al Ministerio Público toda la información bancaria que se les pidió. Los auditores de la Procuraduría han hecho una decena de diligencias e inspecciones oculares en unos seis bancos como parte de estas sumarias.
