La Corte Suprema de Justicia de Argentina, por unanimidad, dispuso que el Estado –en el caso el gobierno de Cristina Kirchner–, no podrá seguir discriminando con la publicidad oficial a los medios que edita la Editorial Perfil de ese país. Ésta había reclamado judicialmente ante la persecución de que era objeto en ese sentido por parte del Gobierno, por mantener una línea periodística independiente.
El dictamen desenmascara inapelablemente a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, los que a través de los años abusando del poder del Estado, han violado flagrantemente la libertad de prensa, sancionando o castigando, por la vía de la publicidad oficial a los medios y periodistas, según sean sus conductas editoriales e informativas.
Es que no solo se trata de un ataque a la libertad de prensa, una forma indirecta de censura o muy directa para generar la autocensura de los hombres de prensa, no incruenta o que los lleve a la cárcel o al destierro, como otrora, pero sí en el corto y mediano plazo quizás más efectiva. Pero el mecanismo, además de atacar la libertad de expresión en todo lo amplio que ella abarca –no hay que olvidar que es la libertad custodio de las restantes–, corroe todas las columnas que sustentan el edificio de la democracia.
La publicidad oficial puede transformarse en una forma disimulada de compra de votos. Esto es, no cuando se la niega a medios periodísticos independientes, que se manejan con profesionalidad, o a medios opositores, sino cuando se la regala a “manos llenas” y se le paga a muy buen precio a medios que posan de independientes, pero que ocurre que su “compromiso social” coincide con el del Gobierno, y que se transforman en un “aviso” permanente y global del benefactor y, en factores claves en las campañas electorales, y para justificar la legitimidad democrática y los atropellos a las libertades de sus patrocinadores, que normalmente –oh paradoja– son defensores de los derechos humanos. Y ni que hablar de la publicidad oficial otorgada a los medios partidarios, a los cuales se pueden volcar recursos sin límites que pueden servir para financiar todos los actos y materiales de la campaña, incluso, para la compra directa de votos y hasta pagar publicidad en otros medios.
Y atención, la publicidad oficial se paga con recursos públicos, y quien utiliza los dineros de los contribuyentes en beneficio propio o de sus socios, amigos, familiares o correligionarios, comete un delito que se llama corrupción. En conclusión, quien discrimina y otorga arbitrariamente publicidad oficial, viola la libertad de expresión, ataca los elementos básicos de la democracia y es corrupto.