El próximo 7 de septiembre se conmemorarán 38 años de la firma de los Tratados Torrijos–Carter. Con ocasión de esa fecha, debo recordar que desde que la administración de la vía pasó a manos panameñas, hace 15 años, se despejó la preocupación expresada por el Senado de Estados Unidos (EU) respecto a la capacidad de Panamá para operar el canal, de manera eficiente, y mantener su seguridad.
No obstante, aún queda un asunto por ventilar, pues en la versión estadounidense del Tratado de Neutralidad se incorporó un tema controversial, conocido como la “Reserva DeConcini”. Según esta: “Estados Unidos puede usar la fuerza militar, en el evento del cierre del Canal”. Esa enmienda nunca fue aprobada por Panamá y no está presente en la versión firmada del tratado. Sin embargo, “el presidente, George Bush, hizo referencia a esta reserva en su razonamiento para la invasión estadounidense a Panamá, en 1989”, asegura Kimberly Daniels-Ruff, en el libro Seguridad del Canal de Panamá. Una década después de la salida de Estados Unidos.
La actual administración gubernamental no muestra interés en tratar ese asunto de vital importancia para nuestro país. Es más, en estos últimos decenios de vida democrática no se ha contemplado el tema de la neutralidad, lo que nos mantiene todavía “bajo el paraguas del Pentágono”, al decir del general Omar Torrijos.
En su oportunidad, el Dr. Adolfo Linares Franco mostró su oposición al tratado de Neutralidad que, junto al del Canal de Panamá, conforman los Tratados Torrijos-Carter, debido a las adversas consecuencias para nuestro país. Él adujo que era vano “ignorar el contenido literal del Tratado de Neutralidad, por un lado, y por el otro, ponderar el del Canal de Panamá (pues) en nada favorecen nuestro interés nacional”.
Afirmaba Linares que con las disposiciones contenidas en los literales a, b y c, de la sección 1 del Art. III del Tratado de Neutralidad, EU se reservaba el derecho exclusivo de fiscalizar y calificar la forma como Panamá administrará, manejará y hará funcionar el Canal, lo que podría llegar a producir serios conflictos entre ambos países. Aseguraba que el literal e de la sección 1 del Art. III permite el tránsito de naves de guerra y naves auxiliares dotadas de propulsión y de armamento nuclear. Rechazaba el argumento de que EU –en vez hacerlo varios países– garantizara la neutralidad del Canal, pues lo convertía en objetivo militar de potencias rivales, en caso de conflicto bélico en que EU fuese beligerante.
Linares aseveraba que en el supuesto de que la vía fuere cerrada o se interfiriera con su funcionamiento, la Reserva DeConcini autoriza a “Estados Unidos de América para manejar el Canal, realizar todo tipo de intervenciones en Panamá, ocupar militarmente todo el territorio nacional” y ejercer facultades que emanan de la soberanía nacional.
El Tratado de Neutralidad debe ser renegociado y exigir la incorporación de una cláusula de arbitraje obligatoria o que reconozca la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, algo que no es permitido por el actual tratado, señaló el Dr. Linares. Este tratado no solo es aplicable al actual Canal de Panamá, sino a cualquier otra vía que se construya a futuro –léase ampliación del Canal–, pues se ha de aplicar igualmente a “cualquier otra vía acuática internacional que se construya total o parcialmente en territorio panameño, por mandato de la segunda oración del Art. I ”.
La revisión del Tratado de Neutralidad es un tema que hay que ventilar pronto, en este siglo XXI. Panamá debe pedir, ante el concierto de las naciones, ser considerada un centro de excepción bélica, incluyendo con ello al Canal.