Ni a los unos ni a los otros les gustó el dictamen. El equipo de observadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió el lunes un informe de 600 páginas en el que se asegura que han encontrado pruebas de que tanto el Ejército israelí como los militantes palestinos de Hamas cometieron crímenes de guerra, y posiblemente contra la humanidad, en el reciente conflicto por la franja de Gaza.
Según este dictamen, de los mil 400 palestinos muertos en estos ataques, más de 900 eran civiles. Israel, que rechaza las críticas internacionales, le dio la vuelta a las cifras, 300 civiles y 900 combatientes. En su bando se cuentan 13 víctimas mortales, de las que 10 eran militares.
El documento se ha dado a conocer en vísperas de la asamblea general de la ONU, con sede en Nueva York. “La misión concluye que estas acciones fueron cometidas por las tropas de Israel”, señaló el responsable de la investigación, Richard Goldstone. En el resumen de este extenso informe se indica, además, que los palestinos lanzaron cohetes hacia sus enemigos sin perseguir objetivos militares. “Esto también constituiría crímenes de guerra y contra la humanidad”, insistió Goldstone.
Las reacciones no se hicieron esperar. La misión diplomática israelí emitió un comunicado en el que se subrayó que no se había registrado cooperación alguna entre su gobierno y Goldstone. “Su mandato solo ha considerado una de las partes –sostuvieron, pese a las explicaciones del emisario– y ha ignorado los miles de cohetes que Hamas dirigió a los civiles y que propiciaron la operación de Gaza”.
Pero a los islamistas de Hamas tampoco les gustó el dictamen. En su opinión, es incorrecto por desequilibrado. “En él se equipara a las víctimas con los agresores”, con la única intención, matizaron, de justificar la invasión israelí de los territorios palestinos.
Goldstone recomendó al Consejo de Seguridad de la ONU que solicite a Israel la apertura de una investigación que sea independiente y conforme a los parámetros internacionales. Este proceso debería estar supervisado por expertos en derechos humanos. El informe sugiere que, en caso contrario, el caso sea remitido al Tribunal de La Haya.