NUEVA YORK, EU (DPA). Después de muchos años de negociaciones, la Asamblea General de la ONU aprobó ayer la Convención contra la Corrupción, que exige a todos los países de la organización calificar los sobornos en los ámbitos de la política y la economía como delitos penales y castigarlos en consecuencia.
El texto establece que los sistemas judiciales deben contar con más elementos para confiscar el patrimonio de funcionarios corruptos y destinarlos al desarrollo del país afectado. También llama a todos los Estados miembros a facilitar la transferencia de dineros ilegales a sus países de origen.
La convención, que debe ser ratificada por los países firmantes, parte de la premisa de que la corrupción hunde a la población de amplias partes del mundo aún más en la pobreza y, en los países del Tercer Mundo, puede incluso desestabilizar economías nacionales.
La corrupción mina la democracia y el imperio de la ley, conduce a la violación de los derechos humanos, distorsiona los mercados, erosiona la calidad de vida y permite el florecimiento del crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas a la humanidad, afirmó el secretario general de la ONU, Kofi Annan.
Por eso estoy muy feliz de que tengamos ahora un nuevo instrumento para enfrentar este azote a nivel global, añadió.
El documento subraya la importancia de la prevención y demanda medidas gubernamentales directas para el sector público y el privado, incluyendo la creación de agencias anticorrupción y el incremento de la transparencia en el financiamiento de las campañas y los partidos políticos.
Pide códigos de medidas disciplinarias de conducta para empleados públicos y su contratación por mérito y demanda a los gobiernos que criminalicen un amplio espectro de actos de corrupción y adopten leyes contra el soborno, la malversación de fondos públicos y el trabar a la justicia en investigaciones de hechos de corrupción.
La Convención contra la Corrupción será rubricada en una conferencia internacional en México, del 9 a 11 de diciembre. Entrará en vigor tres meses después de haber sido ratificada por un mínimo de 30 países.
