A diferencia de lo sucedido el 12 de abril de 2002, cuando el encargado de la política norteamericana hacia América Latina conminó a un grupo de embajadores de países de la región a apoyar al gobierno golpista que el día anterior había derrocado a Hugo Chávez, la condena del gobierno de Barack Obama al golpe de Estado en Honduras este domingo fue contundente. “No regresaremos a nuestro oscuro pasado”, dijo el presidente, “defenderemos la democracia y lucharemos por la resolución pacífica de los diferendos sin interferencia de otros países”.
La secretaria de Estado, Hillary Clinton. también ha hecho un llamado a que se restaure el orden democrático y ha detallado los esfuerzos de Tom Shannon, subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, para facilitar el diálogo entre los actores políticos en las semanas previas al golpe.
Un golpe de Estado que sorprendió incluso a expertos en la relación entre Estados Unidos y América Latina como Peter Hakim, presidente del Diálogo Inter-Americano. “Lo que no puedo entender”, me dice Hakim, “es cómo, dada la tremenda influencia que Estados Unidos tiene sobre Honduras, los políticos y el ejército hondureño desoyeron las recomendaciones del país del que dependen para su comercio, turismo, inversiones, venta de textiles, visas migratorias, remesas”.
El cuestionamiento de Hakim es válido. Y de las posibles respuestas a sus interrogantes, el propio analista desecha la idea de que el esfuerzo diplomático no fuera sincero. “Más factible”, aclara Hakim, “sería que la administración de Obama subestimara la gravedad de la situación en Honduras y en verdad se sorprendiera con el desenlace”.
Si este fuera el caso, se me ocurren dos explicaciones posibles. La indeseable sería que al equipo de Obama le falta capacidad para actuar decisivamente en una crisis. La otra, más apetecible, sería que finalmente frente a una crisis que no pone en peligro la seguridad nacional, la administración de Obama solo intervendrá en consenso con los países del área donde sucede la crisis.
También habría que considerar que este nuevo golpe de Estado ha llegado cargado de incógnitas. Por ejemplo, ¿por qué se precipitaron los hondureños a botar del poder a un político tan desprestigiado como Zelaya? Peor aún ¿Por qué conferirle status de héroe continental a un político mediocre, y a quien le quedaba solo pocos meses en el poder? Que Zelaya preparaba el terreno para eternizarse en el poder siguiendo el guión escrito originalmente por Hugo Chávez y ya reproducido en varios países latinoamericanos parece más que evidente. Pero aun así, responder a la provocación presidencial con un golpe militar, por más que este fuera santificado por las iglesias, contara con la aprobación del Congreso y hubiera sido ordenado por los tribunales de justicia, es una aberración.
El congresista neoyorkino Eliot Engel, quien ha condenado la remoción de Zelaya y exigido su restitución al cargo, ha expresado su preocupación por lo que considera es una alarmante tendencia de los políticos latinoamericanos a enmendar la Constitución para facilitar su eventual reelección. “Este es el gorila de 800 libras que ya está en la habitación y del que nadie quiere hablar”.
Coincido con Engel y añado. De entre los rasgos definitorios del neo-autoritarismo en América Latina el principal es obtener el poder por la vía democrática. Luego, cultivar mediante la dádiva a los sectores de la población más necesitados económicamente; redefinir el significado de la democracia y reformularlo utilizando los medios controlados por el Estado. Lo siguiente es asegurar la perpetuación en el poder enmendando la Constitución para permitir la reelección indefinida. Zelaya debe ser reintegrado al puesto para el que lo eligió el pueblo hondureño, pero sería muy saludable que como parte de la negociación se impidiera cualquier enmienda constitucional que le permitiera perpetuarse en el poder.