No es exageración. Pero, para muchos congresistas republicanos, el debate sobre la reforma del sistema sanitario, la joya de la corona de las propuestas legislativas del presidente Obama, se está planteando en términos de guerras napoleónicas. Como muestra del clima imperante en el Congreso de Washington, valga la afirmación del senador, naturalmente republicano, Jim DeMint, quien predice que la reforma constituirá “el Waterloo” de la actual administración.
Obama se juega mucho en su intento de reformar el sistema sanitario estadounidense, que define, con toda razón, como moralmente injusto y económicamente ruinoso. Estados Unidos gasta en su sistema sanitario el doble que cualquier país desarrollado, –dos billones, repito billones, de dólares anuales equivalente al 17% de su PIB–, y, sin embargo, 30 millones de ciudadanos estadounidenses, en la estimación presidencial (46 millones, según otras estadísticas no oficiales) carecen de cobertura sanitaria.
Obama no pretende “socializar” la sanidad como le acusan sus adversarios, un término completamente ajeno a la cultura estadounidense, como reconoce el propio Obama, sino promover la competencia con las actuales aseguradoras a través de la creación de una entidad, dependiente bien del Gobierno federal o de cooperativas privadas de asegurados, que haga la cobertura sanitaria accesible a todos los ciudadanos no cubiertos en la actualidad. Recuérdese que los mayores de 65 años, las familias de cuatro miembros con ingresos inferiores a 19 mil dólares anuales, los ex combatientes, los congresistas y los funcionarios federales tienen asegurada una amplia cobertura sanitaria.
Pero, en su afán de conseguir la aprobación de su proyecto estrella, el presidente ha cometido dos errores tácticos, que ahora está pagando con una alarmante pérdida de popularidad: 20 puntos desde su toma de posesión (de 70% a 50%) y una mayoría (53%) que cree que sus propuestas de reforma no son lo suficientemente claras. El primer error fue anunciar la reforma en plena recesión económica, cuando la mayor preocupación de los ciudadanos no era la sanidad, sino el mantenimiento de sus puestos de trabajo y el pago de sus hipotecas para evitar el desahucio.
El segundo, dejar la elaboración de la legislación en manos del Legislativo, escamado por el fracaso de sus antecesores, que, desde Theodore Roosevelt, a principios del siglo pasado, a Bill Clinton, en 1994, trataron de impulsar la reforma con proyectos de ley redactados desde la Casa Blanca. El resultado: la reforma empantanada en las dos Cámaras por las discrepancias, no sólo con los republicanos, sino con los conservadores de su propio Partido Demócrata.
Para tratar de encarrilar el debate, Obama se dirigió a una sesión conjunta del Congreso, en un intento de explicar al país el alcance de sus planes. No queremos, dijo, empezar de nuevo, sino reformar lo existente. Todo seguirá igual para los que en la actualidad tienen cobertura, bien individualmente o a través de sus empresas, aunque se obligará a las aseguradoras a garantizar todos los tratamientos. Se habilitarán créditos para los que no tienen cobertura. Los emigrantes ilegales no tendrán acceso al sistema y el dinero federal no se utilizará para abortos. Y, lo que es más importante, no se aumentará un centavo el déficit público, ni los impuestos. Los fondos se conseguirán mediante el ahorro y la racionalización de programas como Medicare y Medicaid (tercera edad y pobres).
Obama sabe que se juega el crédito de su primer mandato. Su propuesta puede ser su Austerlitz, quizás la mayor victoria de Napoleón. Pero también su Waterloo. Lo único seguro es que, al día de hoy, el futuro de la sanidad estadounidense está en un estado crítico.