Cuando el presidente Barack Obama asumió el cargo, el 20 de enero de 2009, una de sus primeras medidas fue ordenar el cierre, en un año, del campo de detención para sospechosos de terrorismo en la base naval de Guantánamo, en el este de Cuba. La decisión, anunciada dos días después de su investidura, fue celebrada en todo el mundo, ya que durante años la prisión de Guantánamo había sido el blanco de denuncias de violaciones de los derechos civiles.
Durante su campaña electoral, Obama había señalado varias veces que Guantánamo hacía mella en la credibilidad de Estados Unidos, por lo que prometía cerrarla. Sin embargo, al acercarse la fecha límite fijada para el cierre, el 22 de enero de 2010, Obama reconoció que era imposible cumplir esta meta.
Varios funcionarios de su gobierno tuvieron que admitir que el cierre del campo de detención en la base naval es más difícil de lo que pensaban. “Los aspectos logísticos (del cierre) han resultado ser más complicados de lo que creíamos”, dijo el secretario de Defensa, Robert Gates.
Actualmente, hay casi 200 prisioneros detenidos en Guantánamo. Desde que asumió sus funciones, la administración Obama ha logrado enviar a otros países a más de 40 detenidos. Sin embargo, el traslado de los prisioneros al exterior ha sido un proceso lento y varios países se han mostrado reticentes a acoger a más reclusos.
Durante todo el año, un task force, un equipo de operaciones encabezado por el Departamento de Justicia, ha estado evaluando los casos para tratar de determinar cuáles presos pueden ser enjuiciados, cuáles pueden ser enviados a otros países y cuáles entran en una tercera categoría, controvertida: presos que son demasiado peligrosos como para ser puestos en libertad, pero que no pueden ser procesados.
Un funcionario de alto rango del Gobierno ha dicho que hasta el momento ningún prisionero ha sido identificado como perteneciente a esta tercera categoría. La cuestión se ha complicado aún más por el fallido atentado de Al Qaeda contra un avión estadounidense sobre Detroit el pasado 25 de diciembre. Según se sabe, el sospechoso nigeriano dijo a las autoridades estadounidenses que había sido entrenado en Yemen. Cerca de la mitad de los reclusos que quedan en Guantánamo son yemeníes.
Al Gobierno de Estados Unidos le preocupa cada vez más la creciente presencia de Al Qaeda en Yemen y más todavía tras conocerse que el atentado del día de Navidad había sido planeado en ese país de la península arábiga. Obama no tardó en anunciar que no permitiría el traslado de ningún preso de Guantánamo a Yemen. De acuerdo con el Pentágono, la cantidad de presos excarcelados de Guantánamo que se han reincorporado a las filas de Al Qaeda ha ido aumentando. Algunos de ellos se han unido al grupo terrorista en Yemen.
Tras el fallido atentado del 25 de diciembre ha crecido la oposición en el Congreso a financiar el plan de Obama de trasladar a los presos de Guantánamo a una cárcel de Illinois, situada a unos 240 kilómetros al oeste de Chicago. El gobierno de Obama pretende que el centro correccional Thomson, que es propiedad del estado de Illinois, pase a ser administrado por el gobierno federal para poder reubicar allí a un número no mayor de 100 presos de Guantánamo.
Esta iniciativa ha sido fuertemente criticada por los republicanos, que alegan que el traslado de los presos a Illinois supondría una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.