Barack Obama ha decidido imprimir un vertiginoso ritmo de reformas a sus primeros días en la Casa Blanca y, en otro contraste con la administración precedente, firmó el pasado lunes varias órdenes ejecutivas que servirán de base a una “nueva economía de la energía”. Al amparo de esta fórmula, Obama se ha propuesto hacer de la necesidad virtud.
O por mejor decir, de las múltiples necesidades que han aflorado con la crisis económica y la inestabilidad política internacional. La lucha contra el cambio climático, desatendida e incluso despreciada bajo el mandato de Bush, ha sido adoptada ahora no solo como bandera, sino también como guía de acción en varias direcciones.
El plan fijado por Obama pretende recuperar terreno en ámbitos que, como la eficiencia energética o el uso de las energías renovables, vienen preocupando desde hace años a los gobiernos de los principales países desarrollados. Por lo que se refiere a la industria automovilística norteamericana, el plan llega en un momento de excepción.
Se podría pensar que los estándares de consumo de combustible aprobados por Obama significarán un coste adicional que profundizará las dificultades del sector, y así lo hicieron saber en el pasado algunas grandes firmas ante intentos de reforma más tímidos que el actual. Pero las previsiones de la Casa Blanca son exactamente las contrarias: las nuevas reglas, además de las ayudas concedidas, se traducirán en la necesaria y urgente renovación de esta industria y, sobre todo, de su producto, el automóvil.
El compromiso de Obama contra el cambio climático podría tener, por otro lado, importantes repercusiones en la política exterior de Estados Unidos. Entre los nombramientos de estos días se encuentra el de Todd Stern como responsable del Departamento de Estado para los asuntos de medioambiente; Stern fue el negociador norteamericano de los acuerdos de Kyoto, que posteriormente Washington rechazó ratificar, y que tampoco obliga a China e India. Obama se ha comprometido a revisar esta posición y solicitar otro tanto de estos dos países que, como Estados Unidos, se encuentran a la cabeza de los más contaminantes.
Pero el principal mensaje político de este giro en materia energética se dirige hacia los productores de petróleo. Reducir la dependencia de Estados Unidos hacia el crudo del golfo significa, entre otras cosas, poner límite a un flujo de dólares que ha marcado decisivamente la economía y las relaciones internacionales de las últimas décadas. Y eso sin tomar en consideración el margen de maniobra que Washington podría adquirir en una región donde, sin duda, se están decidiendo la paz y la seguridad mundiales.
Obama parece establecer una sutil aunque inequívoca relación entre la lucha contra el cambio climático y una mayor libertad de acción para Estados Unidos, hasta ahora obligado a considerar como aliados políticos a regímenes de los que, sobre todo, es rehén energético.