Hace un par de meses, el veterano ex comandante nicaragüense Tomás Borge declaró que el Frente Sandinista no se arriesgará a perder nuevamente el poder, después de haberlo recuperado hace dos años. “Vamos a defenderlo, cueste lo que cueste”, sentenció. La víspera, tres magistrados proclives al sandinismo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitieron una resolución habilitando al mandatario Daniel Ortega para volver a postularse a la Presidencia en 2011, pasando por alto una prohibición expresa plasmada en la Constitución Política de 1987.
La sentencia, que tomó por sorpresa a la fracturada oposición, estableció que es “inaplicable” el artículo 147 constitucional que impide a un presidente postularse en dos períodos consecutivos, allanándole a Ortega el camino a una nueva candidatura cuando concluya su mandato de cinco años, que inició en 2007.
Las primeras voces de juristas, políticos y medios de prensa de oposición coinciden en calificar el fallo como “aberrante” e “inaudito”. Para algunos supera incluso prácticas utilizadas por el dictador Anastasio Somoza, cuya dinastía familiar fue derrocada en 1979 por la guerrilla sandinista de la cual Ortega formó parte. Del otro lado, el diputado oficialista Edwin Castro sostuvo que la sentencia sólo viene a “hacer justicia” a Daniel Ortega y a sus aspiraciones, muy válidas a su juicio por haber sido él quien lideró a su partido durante los 17 años que estuvieron en la oposición.
En una entrevista con el periodista británico David Frost en marzo pasado, el mandatario nicaragüense dejó claros sus propósitos cuando confesó que esperaba “vivir el tiempo suficiente”, al menos 97 años como su madre, para mantenerse en el gobierno.
Para la ex guerrillera sandinista Dora María Téllez, Ortega busca, más allá de ambiciones mesiánicas, consolidar un grupo de poder económico dentro del FSLN que surgió tras apropiarse de empresas del Estado en 1990 y que se afianza hoy como un verdadero emporio financiero gracias a las millonarias ayudas de su aliado venezolano Hugo Chávez.
La sorpresiva resolución judicial surgió después de varias semanas de impasse en el Parlamento, donde el oficialismo intentó sin éxito aprobar una reforma constitucional para autorizar la reelección, posible sólo con el voto de 56 de los 92 diputados. Analistas afirman que la aparente resistencia de los diputados del Partido Liberal (derecha), que lidera el ex reo Arnoldo Alemán, a los sobornos, empujó a Ortega a recurrir al Poder Judicial, uno de los órganos del Estado subordinados al partido gobernante, para aplicar una reforma “de facto” a la Carta Magna.