La empresa Panama Ports Company (PPC), concesionaria de los puertos de Balboa y Cristóbal, aseguró que no puede garantizar su operación efectiva si sigue pagando al Estado 22.2 millones de dólares de anualidad fija y 10% de sus ingresos brutos.
Así lo precisa un memorándum sobre la equiparación que pretendía y obtuvo PPC de su contrato con el Estado. El documento justifica las razones que llevaron a la empresa a hacer la solicitud al Gobierno, entre ellas las inversiones realizadas hasta ahora valoradas en 140 millones de dólares que superan los 50 millones pactados en los primeros cinco años de vigencia del contrato.
La segunda razón aludida es que PPC promete nuevas inversiones por un monto de 200 millones de dólares.
Descritas sus inversiones, reales y virtuales, es cuando PPC advierte que la experiencia de estos primeros cinco años les indica que la empresa no podrá garantizar la operación de los puertos si sigue pagando las anualidades fija y variable que en suma son unos 30 millones anuales.
PPC se queja en su memorándum de que las infraestructuras que la empresa recibió al iniciarse el contrato estaban en tal estado de deterioro que su utilización era prácticamente nula... y que hubiese sido menos costoso construir nuevas infraestructuras de edificios y facilidades portuarias.
Con todo, tales condiciones no fueron óbice para que PPC ofreciera más del doble que su más cercano competidor en la licitación de los puertos, en 1996, cuando se comprometió a pagar al Estado panameño las anualidades pactadas en el contrato.
¿Acaso Panama Ports está perdiendo dinero en la operación?, se pregunta Gabriel Castro, miembro del equipo que nombró el ex presidente Ernesto Pérez Balladares para negociar con Panama Ports.
Castro se pregunta, si PPC no puede cubrir las anualidades... ¿para que se metió en esto? Si no puede pagar, entonces váyase y que se llame a una nueva licitación, sugiere.
Otra fuente del gobierno de Pérez Balladares, que fue miembro del equipo que decidió el criterio para adjudicar la concesión, explicó a La Prensa que el Gobierno discutió la conveniencia de establecer como criterio de adjudicación de los puertos las inversiones que prometía cada consorcio o empresa interesada en estos.
Sin embargo, dijo que ese criterio se desechó porque la empresa que ganara la licitación haría las inversiones que fueran necesarias para ampliar sus negocios. En cambio, se adoptó el criterio de la anualidad, ya que no era una promesa de inversión, sino algo tangible.
Castro precisó que si el criterio de las inversiones hubiese prevalecido, entonces habría sido más provechoso para Panamá asociarse con la empresa Bechtel, que en su momento ofreció inversiones superiores a los 600 millones de dólares.
PPC dice que está en desventaja con Manzanillo International Terminal (MIT) por las anualidades que debe pagar al Estado. Seguidamente, cita una serie de leyes referentes a la libre competencia. Panama Ports se queja de que las tarifas que MIT y Evergreen pagan al Estado son diametralmente más bajas.
En consecuencia añade se afecta la libre competencia... toda vez que [PPC] tiene mayores costos de operación que los otros agentes que realizan la misma actividad.
Estimamos dice PPC que la equiparación del contrato, especialmente en el aspecto económico, permitirá que la empresa enfrente el reto de operar los puertos de manera eficiente.
Si ellos [PPC] hubieran hecho esta petición en el Gobierno pasado, no tendrían el menor chance, asegura Gabriel Castro. Además, cuando PPC se convirtió en el concesionario de Cristóbal y Balboa, ellos conocían las instalaciones, no pueden ellos alegar ahora que los bienes que recibieron estaban obsoletos, dice Castro.
Además, cuando fueron concesionados, esos puertos aportaban al Estado entre 10 y 12 millones de dólares al año, asegura.
Castro también opina que las modificaciones al contrato de PPC deben discutirse de todas maneras en la Asamblea Legislativa.
El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó, ayer, citar ante la Comisión de Comercio e Industrias al ministro del ramo, Joaquín Jácome, para que explique la transacción efectuada con PPC.
La citación fue aprobada con votos de legisladores tanto de gobierno como de oposición, quienes prepararon un cuestionario de 15 preguntas.
La solicitud para la citación fue firmada por los legisladores, Rubén Arosemena, Jacobo Salas, Francisco Ameglio, Miguel Bush, Elías Castillo y Aníbal Culiolis, suplente de Teresita de Arias.
