El 2 de febrero es el Día Mundial de los Humedales, fecha en que se conmemora la firma del Convenio sobre los Humedales en la ciudad de Ramsar, Irán, en 1971. La misión de la convención es la conservación y uso racional de los humedales mediante la acción nacional y la cooperación internacional para alcanzar el desarrollo sostenible en el mundo. En 1989, Panamá firma la convención comprometiéndose a proteger los humedales que, por sus características y relevancia, deban incluirse en la lista de humedales de importancia internacional.
En sentido amplio, los humedales comprenden los lagos y ríos, acuíferos subterráneos, pantanos y marismas, pastizales húmedos, turberas, oasis, estuarios, deltas y bajos de marea, manglares y otras zonas costeras, arrecifes coralinos, lo que hace complejo su manejo, particularmente por su dependencia a los regímenes hídricos y su fragilidad, por lo que es imperativa la formulación, planificación y ejecución de políticas integrales para su conservación y manejo.
La visión de que los humedales son terrenos baldíos y lodazales sucios tiene que cambiar radicalmente. Estos ecosistemas son los más productivos del mundo y cumplen funciones vitales, tales como: hábitats valiosos para la vida silvestre, lugar de reproducción, descanso y refugio de aves endémicas y migratorias, filtran y mantienen el agua limpia, estabilizan el clima, ayudan a reducir las inundaciones, protegen de las erosiones y, en general, proveen importantes servicios ambientales.
En Panamá, estamos acabando poco a poco con estos valiosos ecosistemas: la poca o nula educación ambiental, la ampliación de la frontera agrícola, la contaminación, la extracción de vida silvestre, las invasiones ilegales, la construcción de represas, la expansión portuaria, los rellenos, el cambio climático y los cambios de uso de suelo para permitir que las constructoras con permisos ambientales edifiquen sobre humedales, entre otras cosas, constituyen las principales amenazas para los humedales.
Se calcula que un 55% de los bosques de manglar de Panamá ha sido destruido desde 1969 hasta 2007. Solo entre 1980 y 2005 se perdieron 80 mil hectáreas.
Uno de los casos más críticos es el de la laguna de Matusaragatí en Darién, el humedal más grande de Panamá, que está siendo destruido impunemente por intereses privados de una empresa colombiana dedicada a la siembra de arroz, creando desagües, fumigando con agroquímicos, abriendo zanjas de varios kilómetros de longitud, acabando con la vida de muchas especies, algunas en extinción, y afectando el desarrollo sostenible de varias comunidades.
Lo indignante es que este crimen ambiental cuenta con dudosos permisos ambientales, pese a las denuncias de las comunidades y grupos ambientalistas.
Exigimos al Ministerio de Ambiente y demás autoridades competentes el estricto acatamiento de los compromisos internacionales y nacionales que protegen estos ecosistemas. Su actitud permisiva los hace responsables, cuando no cómplices, de los daños que con sus acciones y omisiones avalan la degradación ambiental de esta joya natural de la región, poniendo en peligro la subsistencia de nuestra propia especie. Este es el momento.