Se relacionó el infringir los derechos intelectuales con actos de corrupción, estocada fatal para nuestra economía que ha experimentado una total carencia de estabilidad en la lucha por traer la inversión extranjera y sobre todo al empezar negociaciones del tratado de libre comercio con Estados Unidos de Norte América, lo que nos pone a merced de los dictámenes de este importante y poderoso colega negociador.
Estar bajo la lupa es consecuencia de diversos factores; es cierto que Panamá ha gestionado todo lo necesario para estar fuera de la Sección 301, pero bien lo señala el conocido aforismo "cuando el río suena es porque piedras trae". Haber expuesto esta falla, pese a las versiones oficiales sobre la eficaz lucha contra los delitos de falsificación y piratería, pudiera destapar una caja de Pandora que nos mermaría considerablemente.
Me preocupa que esta situación, en un momento histórico como el que vivimos, fácilmente se deje de lado y no se le dé seguimiento, lo que ocasionaría que llegáramos a ser blanco de sanciones económicas e imposiciones que nos afectarían considerablemente si no logramos una estrategia.
Le hemos dado la excusa perfecta al Gobierno de este poderoso país del norte para que nos imponga el suscribir tratados y convenciones internacionales que golpearían considerablemente nuestra economía; el Acuerdo y Protocolo de Madrid para las marcas, y el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés) producirían menoscabo en un sector de las profesiones liberales, qué sucumbiría ante estas imposiciones porque carece de la debida estructura y planificación. Los ingresos que recibe el país gracias a estas tramitaciones se perderían, porque de imponerse estas regulaciones internacionales los procesos se gestionarían en Ginebra, Suiza.
Panamá es un puente de tránsito desde mucho antes del inicio de nuestra vida republicana. Tener la segunda zona libre más grande del mundo, implica mayor responsabilidad porque los bienes que se comercializan a través de dicha jurisdicción especial tienen un impacto considerable en la región.
Las normas sustantivas deben tener una estrecha relación con su aplicabilidad, los mecanismos de protección y sanción deben ser ejecutados, y es vital la prevención y la educación del pueblo. Pero para esto se debe organizar la estructura estatal que ha sido designada para cumplir dichas funciones.
En Panamá hay demasiadas instituciones que velan por la protección de la propiedad de intangibles, todas con su propia línea y jerarquía; algunas de ellas eficientes, gracias a los funcionarios que las dirigen, pero hay otras carentes de resultados claros y concretos, lo que da cabida a la falta de armoniosa cooperación. Nuestra capacidad demográfica y geográfica no permite tantas instituciones; se debería regular la propiedad intelectual bajo un organismo descentralizado, con presupuesto propio, que no permita coerciones por agentes externos, con el personal idóneo necesario para desarrollar el plan de trabajo. La presunta corrupción alegada presupone la participación de funcionarios, por lo tanto el recurso humano debe tener una renovación.
Se ha comunicado el envío de personal a rebatir las acusaciones; aparte de lograr una aclaración, es importante tomar este hecho como un llamado de atención y hacer los correctivos, porque el sistema no es perfecto, por lo cual hay que ir ajustándolo. Pero de estar efectivamente en esta situación, y ser confirmados en el reporte final, no debemos perder tiempo en diatribas banales sino apretar los espacios por medio de los cuales se delinque.
Es imperante este momento no solo para la reflexión, sino también para la acción. De no hacer los correctivos necesarios cuanto antes, no solo vendrán imposiciones externas, sino que auto cercenaremos la protección de importantes medios económicos amparados a través del capital intelectual.