Paramilitares quieren garantías

Paramilitares quieren garantías
El líder paramilitar colombiano Carlos Castaño sonríe en un lugar no revelado en la serranía de Abibe, al norte de Colombia, en esta imagen de septiembre del 2002. Las fuerzas paramilitares han pl

SERVICIOS INTERNACIONALES. -Las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), lideradas por Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, solicitados en extradición por Estados Unidos bajo acusaciones de narcotráfico, cuentan con unos 10 mil combatientes y controlan amplias zonas del país.

La estrategia del presidente colombiano, Alvaro Uribe, quien busca aumentar en mil millones de dólares anuales el gasto militar desde los actuales 3 mil 100 millones, y duplicar el número de policías y soldados para recuperar amplias zonas en poder de grupos ilegales armados, fue una de las motivaciones de las AUC para explorar la negociación de paz, revelaron fuentes paramilitares.

El comunicado de las AUC no aclaró si suspenderían las actividades de procesamiento y exportación de cocaína y el robo de combustibles, sus principales fuentes de financiación.

Para formalizar un proceso de paz, que sería el primero entre esos escuadrones armados y el Gobierno colombiano, se tendrían que superar varios obstáculos, como una fórmula jurídica de amnistía o indulto para los jefes paramilitares, acusados de crímenes de guerra.

Hasta ahora, en este país sudamericano de más de 40 millones de habitantes, azotado por una guerra interna de 38 años que dejó 40 mil muertos en la última década, solo se han realizado procesos de paz entre el Gobierno y la guerrilla.

Es la primera vez que los escuadrones paramilitares, creados en la década de 1980, declaran un cese unilateral de hostilidades, aunque en el pasado anunciaron treguas de Navidad.

Pese a su declarada disposición de paz, las AUC, a las que el Departamento de Estado norteamericano consideraban una organización terrorista, advirtieron que si durante el cese de hostilidades la guerrilla intenta vulnerar sus territorios, harán uso del derecho de legítima defensa.

También pidieron al Gobierno que asuma la defensa y la seguridad de las amplias regiones que actualmente controlan, de donde expulsaron a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) después de sangrientas confrontaciones.

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