La experiencia demuestra que durante los últimos 50 años la participación de los actores de la sociedad civil ha logrado pasos muy importantes en las actividades del Estado, no solamente a nivel consultivo, sino a nivel de los máximos órganos decisorios de muchas instituciones, entre ellas podemos citar a la CSS, la ACP, la AMP y otras en donde hay juntas directivas integradas por actores de la sociedad civil, pero siempre compuestas por personas seleccionadas por el Poder Ejecutivo, lo que somete estas directivas al gobierno de turno.
Lo anterior significa que existen órganos “súper partes” de derecho público del Estado, integrados por miembros de la sociedad civil, que tienen carácter decisorios, en muchos casos, con plena mayoría de la sociedad civil. Como ejemplos tenemos: las juntas y consejos técnicos que otorgan la idoneidad y controlan las profesiones. El camino está trazado, solo hay que establecer una norma que amplíe y mejore esta realidad, mediante un sistema legítimo y autónomo de selección en base al mérito en cada sector del Estado, conforme lo expresado en la consultoría de la UICN, que presentamos a la Asamblea Legislativa en 1994, de la Ley de Vida Silvestre. Ello se confirma, cuando constatamos que los gobiernos desconocen las leyes que tienen comisiones, en donde no tienen mayoría, ejemplo: la Comisión de Vida Silvestre, la Comisión Nacional del Ambiente etc, porque disminuye su poder.
La Constitución Nacional, no establece cómo se deciden las cosas en el Estado, sino quién las debe ejecutar. De manera que no se trata de una propuesta sin fundamento, porque ya existen órganos con estos poderes, solo debemos fortalecerlos, para que respondan a la ciencia y al conocimiento en función de la vida digna. Esta propuesta, a nivel conceptual es válida para todos los órganos del Estado, dentro de la concepción de un Estado biocrático.
De otra manera, la propuesta de Ley de Participación Ciudadana, que hoy se debate, sería una réplica de leyes ineficaces de este tipo que existen en los países del área, que no ayudan a superar un sistema presidencialista anacrónico, que concentra en el poder Ejecutivo todas las decisiones, de manera que la ciencia y el conocimiento en función de la vida digna, no tienen fuerza política alguna. Fomenta la grave situación del deterioro de la calidad de vida de los panameños y la crisis global del sistema, que amenaza la dimensión ambiental, porque el sistema está contaminado por el poder discrecional del Ejecutivo, que se entrega totalmente al poder económico, con las graves consecuencias ambientales y sociales que ello comporta.
El autor es presidente de la Asociación Ecologista Panameña