El título tercero de la Constitución Política, en su capítulo IV, define “cultura nacional”, como aquella “constituida por las manifestaciones artísticas, filosóficas y científicas producidas por el hombre en Panamá a través de las épocas. El Estado promoverá, desarrollará y custodiará este patrimonio cultural”. Agrega que patrimonio histórico comprende: “los sitios y objetos arqueológicos, los documentos, monumentos históricos u otros bienes muebles o inmuebles que sean testimonio del pasado panameño”. Para la administración del objeto definido se crea el Instituto Nacional de Cultura (INAC) mediante la Ley 63 de junio de 1974, institución a la que le corresponde, a través de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico (DNPH), parte de los asuntos definidos en la Constitución.
La lectura de lo que establece la Constitución respecto a la administración y custodia del patrimonio histórico, señala que es responsabilidad del Estado dicha tarea. Debido a la complejidad de las labores que demanda este objetivo último y por los pocos recursos financieros y técnicos asignados a la administración del patrimonio cultural panameño –INAC y DNPH– esa labor enfrenta dificultades.
Vale analizar el impacto irreversible sobre el patrimonio cultural subacuático, hace un tiempo; el caso reciente de las iglesias del Casco Antiguo, y el que quizás se produzca en el Teatro Nacional. En el caso del patrimonio histórico subacuático, un informe reveló irregularidades documentadas por la Unesco durante el supuesto rescate de los restos del galeón San José, en la isla Contadora.
“La explotación comercial del pecio del San José, un galeón español, que naufragó en aguas panameñas en el siglo XVII, no responde a criterios científicos y causó importantes daños a este sitio arqueológico subacuático”, según las conclusiones del informe emitido tras el recorrido que hizo una misión de expertos en el archipiélago de Las Perlas. En el informe consta que la destrucción del patrimonio fue posible mediante un contrato entre el INAC y terceras personas (intereses privados) y que estos últimos destruyeron el patrimonio e incluso se permitió la comercialización de los tesoros encontrados.
Otro ejemplo, aún por informar, involucra el patrimonio y los hallazgos en el sitio arqueológico El Caño, en Coclé. Los derechos sobre la investigación y explotación fueron entregados por el INAC a una fundación privada. A esta se le otorgó derecho para lucrar con las actividades de la divulgación de los hallazgos. Fue público y notorio que dicha fundación, incluso, adelantó conversaciones con la Fundación Getty (coleccionistas de Estados Unidos) para la exhibición de los hallazgos fuera de Panamá. National Geographic publicó un amplio informe sobre los tesoros de El Caño, sin que esto fuera informado por la institución, tal como la ley establece.
En el caso de la reciente intervención de la iglesia San Francisco de Asís, por parte del Comité de Amigos de las Iglesias del Casco Antiguo (Caica), se puso en evidencia el incumplimiento de las normativas del INAC para la intervención del inmueble. Este tema involucra el traspaso de esa propiedad a la Iglesia católica por parte del Gobierno, además de otros cuatro templos ubicados en el Conjunto Monumental del Casco Antiguo. Así, el Estado, mediante un acto administrativo, entregó la propiedad de un bien patrimonial a una instancia privada, y le permitió a un grupo de la sociedad civil su intervención, al margen de lo que establece la ley y los reglamentos. Este grupo de la sociedad civil –en el que no está representado el INAC– interviene también las iglesias de La Merced, San José y San Felipe Neri. Y no ha habido por parte de Caica un informe técnico de conservación patrimonial que documente y registre el carácter de la intervención.
Por otra parte, el cierre indefinido del Teatro Nacional, que fue objeto de una evaluación técnica reciente, revela el avanzado grado de deterioro por obsolescencias y malas intervenciones de restauraciones previas (fibra de vidrio en los sistemas de ventilación, corrosión de acero, etcétera). La declaración de los costos onerosos para su restauración pone en duda el futuro del teatro. En adición, el nombramiento de la nueva directora del INAC, conocida y vinculada a grupos artísticos y productores de eventos y espectáculos, podría poner en la sombra el objetivo y la constitución de los miembros, el futuro patronato y, por ende, el destino e integridad del Teatro Nacional.
Estos ejemplos revelan la forma cómo las tareas de conservación, custodia y administración del patrimonio cultural se han entregado, o más bien, han sido usurpadas por intereses particulares. Urge una discusión jurídica para evaluar la negligencia de los gobiernos que no hacen cumplir el mandato constitucional e institucional en materia de conservación del patrimonio cultural panameño.