Una visita al Darién genera reacciones diversas. Por una parte, alegría ante el contacto visual y físico con un ambiente espléndido, una vegetación aún exuberante en muchas partes, abundancia de fuentes de agua y la espesa selva verde con manchones de colores, en esta época generalmente amarillos, por el florecimiento temprano de guayacanes, poro-poros y otras magníficas especies tropicales.

Puebla el Darién una gente simpática, genuina y sin complicaciones, muy dada a relatar anécdotas graciosas, hábil para la pesca, el monteo, la agricultura, la navegación y la cocina, que hace sentir en casa al visitante. La provincia está entre los sitios donde más sabrosa y naturalmente se come en la República.

Hay, por otro lado, problemas graves que no se atienden a pesar de los millones de dólares invertidos y la existencia de numerosos programas estatales. Entre los más evidentes están el alcoholismo, la insalubridad (los ríos son depósitos de basura y aguas negras) y la devastación ambiental.

La expansión de la frontera ganadera avanza sin contratiempos. El deterioro de reservas importantes, como la Laguna de Matusagaratí, es alarmante y deplorable. Algunas iniciativas de la sociedad civil tratan de rescatarla, a través de proyectos como el que me comentó, en días pasados, Osvaldo Jordán, valioso integrante del Partido Popular, a quien la cúpula de su propia agrupación haría bien en tener en mayor consideración.

Más allá de las situaciones señaladas, el principal problema del Darién es la militarización. En aras de una solución a la inseguridad producida por las incursiones de guerrilleros, paramilitares y bandoleros provenientes de Colombia, durante el período de Martín Torrijos el Gobierno Nacional optó por militarizar la provincia.

La propuesta torrijista contrarió la política de los presidentes Endara, Pérez Balladares y Moscoso, quienes resistieron las presiones internas y externas (procedentes de Washington, Bogotá y otras capitales) en pro de la militarización. A diferencia de sus predecesores, en 2008 el presidente Torrijos (quien no se distingue ni por su formación intelectual ni por su trayectoria civilista) creó el Senafront, lo que además de un peligro para la seguridad pública representa una violación de la Constitución, cuyo Art. 310 indica textualmente:

“La República de Panamá no tendrá ejército … Ante la amenaza de agresión externa podrán organizarse temporalmente, en virtud de ley, servicios especiales de policía para la protección de las fronteras y espacios jurisdiccionales de la República”.

El Senafront, sin embargo, es un ejército permanente. Peor aún, el instrumento que lo engendró (el Decreto-Ley No. 8 de 2008), fue emitido por el Ejecutivo en uso de facultades extraordinarias, sin que posteriormente se observara el procedimiento establecido en el Art. 159 (numeral 16) de la Constitución, de acuerdo con el cual: “Todo Decreto-Ley que el Ejecutivo expida en el ejercicio de las facultades que se le confieren, deberá ser sometido al Órgano Legislativo para que legisle sobre la materia en la legislatura ordinaria inmediatamente siguiente”.

La estrategia de Martín Torrijos fue ratificada por su sucesor, Ricardo Martinelli. Como resultado, en pocos años se ha entregado una enorme porción del territorio nacional –desde Chepo hasta la frontera colombiana– al Senafront. El desenlace ha sido una cadena de atropellos contra la población, consentidos por los superiores jerárquicos de la fuerza pública, sin que ningún órgano de control democrático intervenga para corregir los exabruptos de una soldadesca venal y altanera, que amenaza con tomarse la República entera.

En la zona bajo su control absoluto, el Senafront –sabe Dios con base en qué sustento jurídico– opera varios retenes. El de Agua Fría, a la entrada del Darién es, de hecho, un puesto fronterizo, donde los pasajeros son requisados, fichados y registrados. Pregunto al ministro de Seguridad: ¿cuál es el fundamento legal de semejante arbitrariedad?

Los partidarios del militarismo responden que quienes se quejan de estos abusos son blandos hacia el crimen y que sin las medidas inconstitucionales e ilegales impuestas por las fuerzas militares, la seguridad pública peligraría. Anticipándonos a ese alegato estúpido, conviene recordar, primeramente, que la militarización promovida por los presidentes Torrijos y Martinelli no ha revertido la situación de inseguridad, bastante crítica, que prevalece en el país.

En segundo lugar, que la militarización de la fuerza pública ha promovido su participación en actos de corrupción y actividades vinculadas al crimen organizado. Y, en tercera instancia, que el abuso y la ilegalidad jamás podrán ser soluciones válidas y convenientes a la inseguridad ciudadana.