El presidente Sebastián Piñera decidió impulsar medidas ambientales, sociales y legales que lo ubican hoy paradójicamente “a la izquierda” de la popular ex mandataria Michelle Bachelet, noqueando de paso a la oposición.
El mandatario, quien acusa a Bachelet de dejarle en herencia innumerables problemas, decidió enviar al Congreso una esperada reforma de la ley antiterrorista, norma con que su antecesora decidió juzgar a algunos indígenas mapuches que pedían autonomía y tierras al sur del país. La propuesta de Piñera, surgida ante una huelga de hambre de 60 días de presos mapuches, apunta a evitar que civiles sean juzgados por tribunales militares y reciban doble pena por un mismo delito, situación que Naciones Unidas criticó a Bachelet.
“La huelga de hambre no resuelve estos problemas y hay un gobierno que ha dado señales de querer resolver los problemas”, dijo el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, marcando distancia con la administración de Bachelet, la que jamás quiso discutir el tema.
Piñera además ha actuado en defensa del medio ambiente, dejando sin margen de crítica al centro izquierda, que no encuentra una consigna de lucha, después de perder en enero el poder que detentó desde 1990.
La decisión de Piñera de frenar la instalación de una central eléctrica de carbón cerca de una reserva marina y de ordenar establecer un listado de áreas protegidas sorprendió.
Más aún, en el centro izquierda varios criticaron con fuerza la medida a favor de la defensa del medio ambiente, aludiendo razones administrativas. “No puede actuar como un rey por sobre la institucionalidad”, dijo Francisco Vidal, ex vocero de los presidentes Bachelet y Lagos.
En el fondo de lo que pudiera parecer una paradoja hay varias claves. La más importante es que Piñera, un millonario empresario, gusta tomar personalmente las decisiones. Más importante aún es el hecho de que Piñera es un líder más pragmático que ideológico, lo que hasta ahora descolocó a sus opositores, pero también abrió brechas en sus filas. Las mayores objeciones en el oficialismo provienen de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido que por años declaró que defendería la obra de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973–1990).
La UDI, que controla un tercio del Congreso, cuestiona que la reconstrucción por el terremoto sea financiada con impuestos y la apertura de Piñera a la unión civil de homosexuales, por ejemplo.
No obstante, la arremetida de Piñera, que le permitió revertir una baja de 10 puntos en su popularidad, tendrá él punto culminante el próximo año, cuando envíe el proyecto de salario ético familiar. Dicha medida, que será desplegada un año antes de las elecciones municipales de 2012, establecerá un ingreso mínimo para todas las familias pobres del país, a cambio de que envíen a sus hijos a la escuela, se capaciten o participen de programas de salud.
Piñera dice que la miseria se acaba en Chile repartiendo a los más pobres un 1% del PIB. Y sus sueños son acabar con la pobreza y llevar al país al desarrollo, con las semillas de desarrollo que irónicamente plantaron sus opositores.