Cerca de Madrid, hay dos pueblos separados por un riachuelo donde, según cuentan, un borracho brincaba de un lado al otro diciendo “ahora estoy en Pinto… ahora estoy en Valdemoro”… De todas las explicaciones a esta frase, siendo tierras cercanas al Duero, es factible que fuera un borracho quien originara el refrán. Actualmente, es una forma de decir que se está indeciso sobre qué posición tomar ante una disyuntiva.
Aunque reconozco que no voy a aportar al debate, las posturas que he leído y escuchado de parte de amigos, conocidos, conocedores y eruditos, sobre lo que estamos viviendo los panameños en las últimas semanas, me obligan a creer que, en este momento, Panamá se identifica con la frasecita.
Haciendo un breve resumen, en los últimos meses hemos visto nombramientos de allegados al Presidente en cargos claves como la contralora general y dos magistrados de la CSJ. Luego, la truculenta e incómoda “suspensión” de la procuradora con un voto sospechoso de tener explicaciones políticas y el nombramiento aparentemente inconstitucional de un “suplente” con la correspondiente aprobación expedita por parte de la Asamblea Nacional de dicho nombramiento. Finalmente, la “renuncia” del fiscal electoral. Todo esto genera justificada suspicacia sobre el interés del Ejecutivo en concentrar todo el poder posible lo cual, si bien ha sido la tónica de todos los gobiernos desde 1994, en esta ocasión ha ocurrido en un lapso de tiempo inusitadamente corto.
Por estas acciones, muchos panameños hemos manifestado dudas y preocupaciones cuestionando las acciones del Ejecutivo. La Prensa, gremios empresariales, ONG, líderes de la Cruzada Civilista, políticos, constitucionalistas, sindicatos y abogados, todos coinciden que está en peligro la institucionalidad al violar principios básicos de la convivencia democrática. Además, se suman quienes critican estas medidas, por razones que parecen ajenas a un real interés en defender la separación de poderes, sino que “pescan en río revuelto” y toman algún tipo de ventaja de la honesta inconformidad de quienes, toda su vida, han defendido la democracia. Francamente, ver a quienes gritaban “civilista visto, civilista muerto”, pavoneándose vestiditos de blanco en una concentración de los supervivientes a sus arengas, es un acto desagradable y cínico.
Así mismo, los tradicionales inconformes de la izquierda radical antidiluviana, que hablan de neoliberalismo y “movimientos populares” como si todos hubiéramos estado congelados por 40 años y no supiéramos que el comunismo fracasó, muestran una tibia oposición. Posiblemente, al no entender cómo funcionan las democracias, no tienen claro qué argumentos utilizar para explicar su posición. O eso, o quién sabe si alguien les habrá comprado el silencio.
Por otro lado, hay un grupo (numeroso pero menos “extrovertido”), que se percibe optimista. Estos, basan sus opiniones en hechos concretos que no pueden ignorarse y que han ocurrido desde la toma de posesión del actual gobierno. Muchos aplaudimos las acciones contra quienes hacían alarde de concesiones en Amador y Zona Libre. La salida del inútil Parlacen, que es un inoperante desperdicio de fondos para sostener inmunidades. El llamamiento por la justicia y el arresto (en celda o en casa) de cuatro altos funcionarios de gobiernos anteriores.
Un ex presidente, dos ex ministros y un ex ingeniero municipal enfrentan procesos legales acusados de actos de corrupción, lo que hace un tiempo parecía imposible. Se han hecho auditorías independientes que sacaron a la luz pública serias irregularidades en el manejo de fondos públicos. El maloliente caso Cemis está en proceso de ser reabierto para investigar y castigar (eso esperamos) a los responsables de semejante maleantería.
Los optimistas, ven todo esto como el cumplimiento de esa promesa de “cambio” que tan bien supo venderse durante la campaña electoral, y esperan que “solo sea el principio”. Incluso, conozco un optimista que piensa es un movimiento cuyo objetivo final es desmantelar lo que él llama “la telaraña” y que la constituyen una red de comerciantes, abogados, banqueros, promotores inmobiliarios, aseguradores, políticos, notarios y profesionales varios, que, bajo una aparente legalidad parecieran tener un pacto no escrito para aprovecharse eternamente del sistema sin importar quién gobierne.
Dicho todo esto, el país está en una encrucijada entre dogma y praxis. Si bien es cierto que lo actuado por el Ejecutivo genera dudas sobre el respeto de los principios democráticos, las acciones que se han tomado en estos siete meses, serían la respuesta a las peticiones que hicimos muchos de los que hoy nos quejamos. Encerrar a los corruptos, desenmascarar los chanchullos con fondos públicos, salir del Parlacen y sancionar a quienes se aprovechan del sistema han sido por muchos años, el estribillo de nuestros lamentos.
Como me dijo una amiga “optimista”: ¿de qué sirve la institucionalidad, si los corruptos se benefician de ella más que nadie?... el mejor ejemplo es cómo un fiscal coimero, sorprendido con billetes marcados, obstaculiza su proceso cuatro años con triquiñuelas legales, mientras quien lo atrapó “con las manos en la masa” es sancionada por “abuso de autoridad”. Francamente, si nuestra institucionalidad permite estas aberraciones, no es muy defendible… No creo que “el fin justifique los medios” pero entendamos que, si no se logra el fin... entonces, ¿para qué sirven los medios?
