A finales del 2009 la prestigiada revista The Economist publicó un amplio reportaje documentando como nuestro país se encaminaba hacia la prosperidad, a raíz de importantes decisiones, como la ampliación del Canal entre otras.
Este año se ha iniciado con una excelente noticia en la misma dirección. En cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que fue uno de los resultados más importantes de la Concertación Nacional para el Desarrollo (2006-2007), el gobierno del presidente Martinelli ha presentado a la comunidad panameña e internacional el Plan Estratégico de Gobierno 2010-2014.
Indica el documento que “conjuga las metas consensuadas en el marco del Diálogo para la Concertación Nacional con sus propios compromisos electorales”, al tenor de la señalado en la ley de Responsabilidad Social Fiscal.
Muchas son las consecuencias positivas de este puntual cumplimiento de lo dictado en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Primero, el documento es sometido al escrutinio y debate público lo cual, además de abonar a la transparencia y la rendición de cuentas, invita a observaciones y sugerencias que pueden mejorarlo y, en efecto, está previsto en la ley y en la referida estrategia, revisiones y ajustes periódicos.
El segundo aspecto a destacar es que el plan estratégico contribuye a instalar en la gestión gubernamental, y este fue uno de los propósitos de la Concertación Nacional, el diseño y gestión de políticas de Estado, que trasciendan de un gobierno a otro, sin que los cambios de gobierno, inevitables y deseables en una democracia, signifiquen redistribuciones radicales de los balances de poder y de las reglas del juego. En la medida que esta práctica se institucionalice, Panamá se incorporará al club de países exitosos que, desde el punto de vista de la gestión pública, se caracterizan por “feroz competencia política electoral, pero gran consenso en cuanto a la agenda de desarrollo de largo plazo”, según se atribuye al ex presidente del Brasil, Fernando Henrique Cardoso.
En efecto, el documento en cuestión parte del reconocimiento del fuerte crecimiento económico de los 10 años anteriores y de los avances realizados en varios frentes, y arranca de esos avances, sin dejar de prestar atención a los déficits y tareas pendientes.
Dos últimos comentarios sobre el contenido del documento, al hilo de lo anteriormente mencionado. Los objetivos del plan estratégico “de crecimiento económico, disminución de la pobreza y una mejor distribución de la riqueza generada en nuestro país” se corresponden con la unánime aspiración de la sociedad panameña y con los objetivos de la Concertación: “El fin último de la Concertación es contribuir a transformar a Panamá en una sociedad más democrática, equitativa, próspera, dinámica y regionalmente más equilibrada en su desarrollo, aprovechando, entre otras, la oportunidad histórica que ofrece la ampliación del Canal”.
En efecto, de una inicial revisión de los proyectos y programas que sustentan lo que en el plan estratégico se identifican como los motores del crecimiento -logística, turismo, servicios financieros y agricultura-, se puede concluir que los mismos apuntan en lograr el objetivo de un crecimiento fuerte con mejor equilibrio territorial y social.
Finalmente, y en la perspectiva de una sana continuidad de políticas entre gobiernos, el plan estratégico se apalanca en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que sin duda ha contribuido a que mejore la calificación de la deuda pública de nuestro país, “que pasó de BB (estable) en el 2005 a BB+ (perspectiva positiva) en la actualidad”, como lo anota el plan, para que pronto nuestro país adquiera el llamado grado de inversión, que le hará más atractivo para los inversionistas y la facilitará acceso a fuentes de financiamiento a menor costo.
No luce, entonces, imposible, el objetivo del plan estratégico, que en el 2020 Panamá haya duplicado su ingreso per cápita y se acerque al tramo inferior de los países desarrollados.