Si el proceso de escogencia de los dos últimos magistrados de la Corte Suprema de Justicia fue cuestionado por la sociedad civil, el del próximo defensor del pueblo también lo será por los mismos motivos: falta de transparencia.
Nosotros nos preguntamos: ¿qué motivos había para acelerar este proceso en plena víspera del Carnaval y establecer, como cierre para último día para la presentación de documentos a los posibles aspirantes, precisamente, el viernes 3 de febrero, en un momento en el que la mayoría de las personas estaba inmersa en el tema de los carnavales?
Está visto y comprobado, una vez más, que los integrantes de ese órgano del Estado conocido como Asamblea Nacional, al igual que el Órgano Judicial, no tienen el mínimo respeto por nada ni nadie.
Ya nos han restregado en nuestras narices que continuarán los viajes, por no decir turismo judicial.
Resulta evidente el desgano que hay por investigar las acusaciones contra magistrados y abierta disponibilidad a la hora de archivar los expedientes entre ambos órganos.
Mientras no exista una verdadera separación de poderes en este país, se continuará con este tipo de nombramientos, y todos sabemos que tienen como denominador común que quienes tienen a su cargo la elección, conocen de antemano cuál es la línea a seguir para votar por el candidato que goza de la simpatía del partido político o visto bueno del gobierno de turno.
Así es que, después de los carnavales, el show debe continuar con la depuración de la lista de postulados, algo que para nada es garantía de transparencia, tal como ha querido hacernos ver el presidente de la Comisión de Gobierno, Pedro Miguel González. ¿Cuál es su afán? Ese puesto, sin duda, tiene nombre y apellido.