El nuevo choque entre el Gobierno argentino y los productores rurales, que lanzaron ayer viernes una huelga contra la política agraria oficial, podría ser más intenso que la larga batalla de 2008, porque ahora el sector enfrenta bajos precios y una furiosa sequía.
Tras reclamar por meses ayuda por la sequía, que está dejando en la ruina a miles de productores, los agricultores anunciaron el jueves un paro comercial de cuatro días.
Además, la fuerte caída en los precios de los granos agrava las pérdidas de los chacareros, que en 2008 protestaron por cuatro meses contra un intento de la presidenta Cristina Fernández de subir los impuestos a las exportaciones para captar parte de la alta renta que tenía entonces el sector.
Los productores realizaron huelgas comerciales, cortes de rutas y masivas manifestaciones que ganaron apoyo social y obligaron al Gobierno a retroceder en su plan y lo sumieron en una crisis política, al tiempo que se vieron afectadas las exportaciones de granos y la marcha de la economía doméstica.
Pero también desde el punto del vista del Gobierno, el escenario es otro.
El superávit primario se contrajo un 41% interanual en enero pasado por los menores precios internacionales de los productos que exporta el país y el Tesoro realiza más gastos para intentar mantener la economía en marcha frente a la crisis económica global.
“El conflicto es inevitable y puede ser más intenso que el del año pasado, porque entonces el campo luchaba por su rentabilidad y ahora lo hace por su sobrevivencia”, dijo a Reuters el analista político Rosendo Fraga.
El sector rural anunció la nueva protesta momentos después de que el Gobierno lo convocara para negociar beneficios, un llamado que dirigentes agrarios consideraron parte de una estrategia oficial para detener la inminente huelga.
Una vez terminado el paro de cuatro días, los productores y el Gobierno se verán las caras en un encuentro que no genera muchas esperanzas. “Hay mucha incertidumbre (...) Si realmente no hay algunas soluciones el martes, pueden ser más graves las consecuencias”, dijo a la televisión local Pablo Orsolini, vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), una de las cuatro entidades rurales en protesta.