La oposición en Argentina está aumentando la presión sobre la presidenta Cristina Fernández para que imprima un nuevo curso a su Gobierno, luego de la derrota en las elecciones legislativas de medio término, pero las señales de cambio son tenues por el momento.
Un importante funcionario renunció la semana pasada, pero el augurado relanzamiento del gabinete tras las elecciones del 28 de junio aún no se produjo y cualquier cambio sería gradual, mientras Fernández y su esposo, Néstor Kirchner, buscan recomponerse luego de perder el control parlamentario.
Fernández minimizó la derrota al asegurar que amplió la base parlamentaria con el crecimiento de partidos aliados en los comicios, pero los opositores quieren que el Gobierno asimile el golpe y cambie el rumbo. “El país se ilusionó hasta la 5:00 p.m. del lunes posterior a las elecciones diciendo ‘¿han escuchado, se ha escuchado, cómo seguimos?’ Obviamente no escucharon”, dijo Francisco de Narváez, quien derrotó al ex presidente Kirchner en la provincia de Buenos Aires, la más importante del país.
Fernández, quien sucedió a Kirchner en el 2007, defendió las políticas oficiales un día después de las elecciones y dijo que no había razón para cambiar su gabinete. Y en lugar de quedarse en el país para reorganizar el Gobierno tras la caída electoral y enfrentar la epidemia de la gripe A (H1N1), se unió el fin de semana a una misión para reinstaurar en el poder al derrocado presidente de Honduras. Los críticos del Gobierno dijeron que la presidenta falló en reconocer el mensaje de los votantes.
Mientras el Gobierno dio pocas pistas sobre su estrategia post electoral, los legisladores ya se están acomodando al nuevo escenario político. Los diputados y senadores electos no asumirán sus cargos hasta diciembre, pero ya se están concentrando en reformar algunas leyes clave, como los tributos a las exportaciones de granos y los llamados superpoderes, una norma que da al Gobierno discrecionalidad para redistribuir recursos.
Algunos analistas aseguran que el Gobierno se concentrará en defender esas políticas, para ayudar a Fernández a completar su mandato de cuatro años, en momentos en que la desaceleración de la economía golpea los recursos tributarios. “[La prioridad del Gobierno] será garantizar la gobernabilidad hasta 2011 y reconstruir mayorías parlamentarias que después de la elección matemáticamente perdieron”, dijo Artemio López, de la consultora eQuis.