A simple vista y luego de tomar en cuenta una serie de opiniones de organizaciones y personalidades extranjeras, así como de una gran cantidad de políticos, comerciantes e industriales nacionales, la ampliación del Canal pareciese ser, a todas luces, conveniente a los intereses nacionales. Sin embargo, las cosas tan simples siempre me crean suspicacia.
Me llama poderosamente la atención el hecho de que al llamado "quinteto" compuesto por profesionales de gran valía, se les coarte su derecho su derecho de opinar o bien de que se les oculten datos para llegar a mejores conclusiones. ¿Quién puede ignorar la opinión autorizada del licenciado Manfredo que ejerció los cargos de Subadministrador y luego Administrador de la antigua Comisión del Canal? ¿Quién puede negar la sapiencia del Dr. Jorge Illueca como distinguido abogado y ex secretario del Consejo de Seguridad de la ONU, organismo donde goza de gran autoridad y reconocimiento, más que como ex Presidente que para mí es una mancha en su brillante hoja de vida? Y qué decir del Dr. Julio Manduley a quien me correspondió conocer y tratar en la Universidad de Panamá, y que luego se fuese al exterior a profundizar conocimientos en el campo económico.
Decir a algunos interesados en el tema que la ACP no puede suministrar datos de los estudios porque los consultores aún tienen derecho de autor, representa un escollo por aclarar ya que los panameños, de ambas tendencias y con criterios formados, como "accionistas" del Canal, debemos estar en la capacidad de consultar todo lo esbozado en estos aspectos y no sólo reservarlo a una camarilla a la cual luego de que ocurra cualquier imprevisto, difícilmente vamos a volver a ver para reclamarle algún desastre.
Nadie cuestiona la loable labor que han hecho los técnicos en la administración de la vía, pero esto es otra cosa.
Calificar a un ex presidente de folclórico y loco por estar en contra de la campaña que patrocina el sí demuestra falta de madurez y de aceptación del hecho de que en nuestro medio hay quienes favorecen el sí y los que están en contra.
El hecho de que un reconocido ingeniero, miembro de la SPIA haya estimado el costo de la obra en $7,000 millones y que de inmediato se diga que el Coordinador del Plan Maestro del Canal por parte de la ACP lo demandará ante la Comisión de Ética de la ACP es, a mi modo de ver, un absurdo, en caso de ser cierto.
Por otra parte, se comprende que durante la administración de los norteamericanos los documentos se exigieran en inglés, pero una vez el Canal pasó a manos panameñas, es obligante solicitar en los pliegos de cargo y especificaciones la versión en español y si se quiere mayor ampliación por necesidades técnicas, solicitar una versión en inglés aún cuando cueste un poco más la consultoría. Una traducción externa nunca es igual a la que proviene del propio consultor e, incluso, este podría negar el sentido de lo traducido.
Creo que lo más aconsejable es que en aras de buscar una solución razonable a este problema, se debe propiciar una mesa de discusión técnica entre la ACP y las autoridades de gobierno, por una parte, y un grupo representativo de los que respaldan el no para que en presencia de organizaciones profesionales y técnicas de ingeniería, economía, impacto ambiental y social, etc., se lleguen a soluciones y posturas de consenso.
Nuestra sociedad sabe distinguir a los que técnica y objetivamente se oponen al proyecto, de aquellas facciones que sin argumento alguno, siempre se oponen a todo.
En esta mesa de diálogo, todos deben aportar la documentación que posean y ser objeto de cuestionamiento dentro de un clima de respeto mutuo.
Esta es una de las decisiones más trascendentales que nos tocará a todos los panameños y debemos meditarla muy sabiamente. Mucho apuro trae cansancio, capacidad tenemos y ¡sí podemos!