La administración Obama está acrecentando enormemente el esfuerzo federal que empezó bajo el presidente George W. Bush con miras a la identificación y deportación de inmigrantes indocumentados detenidos en cárceles locales. Sin embargo, en la ciudad donde el esfuerzo tuvo un comienzo de prueba ocho meses atrás, personas en cada extremo del debate sobre inmigración se han ensañado con él.
Bajo dicho esfuerzo, conocido como Comunidades Seguras, funcionarios locales revisan cada juego de huellas digitales tomadas en cárceles contra las de personas que han tenido roces con las autoridades federales de inmigración; en el pasado, solamente podían revisar los antecedentes penales en la base de datos del FBI. Si resulta que una persona está ilegalmente en el país, el caso es turnado a la dependencia de Aplicación de Leyes de Inmigración y Aduanas (conocido como ICE, por sus siglas en inglés) para enfrentar la posibilidad de procedimientos de deportación además de los cargos penales.
La administración Obama considera que el programa de prueba fue suficientemente exitoso como para prometerle 195 millones de dólares a lo largo del siguiente año, para que dicho esfuerzo se expanda con miras a establecerlo a lo largo de todo Estados Unidos para finales del año 2012, cuando se proyecta que costaría aproximadamente mil millones de dólares al año.
Actualmente está en marcha en 70 condados a lo largo de este país, incluidos los que abarcan a las ciudades de San Diego, Phoenix, Miami, Durham y Carolina del Norte.
Anteriormente, nosotros no teníamos idea de quién podía ser deportado, destacó Gwen Carol, la asistente del alguacil del condado Harris, donde se localiza Houston.
No obstante lo anterior, la experiencia del programa de prueba aquí ha ocasionado que surjan difíciles interrogantes con respecto a sus objetivos, comentan sus detractores, y sirve como un severo recordatorios de los desafíos políticos y prácticos que enfrenta el lanzamiento en mayor escala.
Funcionarios de la rama federal en Estados Unidos dicen que si bien ellos están conformes con su nueva capacidad para identificar a inmigrantes indocumentados, no cuentan con suficientes oficiales para deportar a todos aquéllos que son identificados. En general, solamente se ha deportado a un tercio de los que fueron identificados en los primeros siete meses del programa como nacionales extranjeros, lo cual incluye a personas con visas y carnés de residencia temporal, así como inmigrantes indocumentados.
Nosotros sí tenemos una cantidad limitada de recursos, hizo hincapié David J. Venturella, el director del programa federal. Es nuestra prioridad enfocarnos en los trasgresores con faltas más graves. Los proponentes de una aplicación más severa de las leyes de inmigración se quejan, diciendo que al concentrarse en personas que pasan a través de las cárceles, el Gobierno estadounidense está permitiendo que muchos más inmigrantes indocumentados queden libres.