La Organización Mundial de la Salud desde el año de 1996 inició el Proyecto CEM, destinado principalmente al estudio de los efectos en los seres humanos de los campos electromagnéticos, con el propósito de fijar los límites de exposición uniformes para todos los países. Teniendo en cuenta que la telefonía móvil se ha desarrollado con más auge en la última década, y el tiempo de incubación del cáncer es al menos 15 años, se necesita aún realizar mayores estudios que puedan determinar si existe un impacto en la humanidad.
En este sentido muchos países europeos han implementado medidas de precaución a razón de que algunas investigaciones establecen que cuando la población es expuesta de forma continua a niveles de radiación similares a los emitidos por las antenas de telefonía móvil, se corre el riesgo de experimentar un leve incremento en los cambios de actividad eléctrica del cerebro y la presión sanguínea, así como dolores de cabeza, síndrome de fatiga crónica, entre otras repercusiones a la salud humana. A pesar de que no hay un acuerdo entre los diversos estudios realizados por científicos sobre si la exposición residencial a las ondas de una antena de esta índole puede conllevar riesgos para la salud humana, tampoco se puede demostrar que la exposición a estas ondas sea segura en lo absoluto.
Un aspecto contraproducente resulta el hecho de que si las últimas recomendaciones de la OMS establecen normas que obligan a situar las antenas a 200 metros e incluso hay estudios que recomiendan 600 metros, en Panamá se establece la distancia de seguridad de las antenas de telefonía móvil a 100 metros, bajo el amparo de la resolución 10-56 de noviembre de 2007 del Ministerio de Salud. Lo anterior fue denunciado por los moradores de las diversas urbanizaciones que sienten indignación por haber invertido en una zona residencial que, supuestamente, impide la instalación de estructuras que contravienen las disposiciones urbanísticas.
Con el pasar de las semanas son más las comunidades que se suman a estas denuncias por el hecho de ver subordinada su salud a razón de intereses económicos, sin que todavía se conozca el tipo de repercusión que a largo plazo pueda causar en la salud humana. Los moradores denuncian un evidente ausentismo por parte de la Anam, así como de los diversos grupos ambientalistas.
Por otra parte, hay moradores que de manera precipitada y, sin tener algún tipo de evaluación previa a la instalación, han suscrito contratos con las empresas propietarias de las antenas, mediante el cual recibirán un pago mensual por un periodo hasta de 10 años renovables. Somos conscientes de lo importante que resulta la tecnología en el diario vivir de los panameños; la telefonía móvil es una de las áreas con mayor demanda por parte de la población. No obstante, se debe incentivar algún tipo de regulación que exija la implementación de un seguro de responsabilidad civil por la totalidad del valor de las antenas, como paliativo a las lagunas jurídicas existentes en el tema.
En resumen, vemos con buenos ojos la incorporación de nuevas empresas en la telefonía móvil, porque repercutirá positivamente en la economía de los clientes por el incremento de la competencia en el mercado, pero, es ineludible regular las pautas a seguir al momento en que las dos nuevas trasnacionales instalen sus antenas dentro de las urbanizaciones y respetando la distancia de seguridad establecida por las organizaciones internacionales. Las autoridades competentes deben reflexionar al respecto, y así evitar a largo plazo hechos que lamentar.
