Un proyecto de ley que modifica la Ley 59 de 29 de diciembre de 1999 y que otorga potestad al contralor general de la República para investigar a los funcionarios públicos y exigirles información no aportada en las declaraciones de bienes patrimoniales fue presentado ante la Asamblea Legislativa por el legislador oficialista José Isabel Blandón Figueroa.
La aplicación de la Ley 59, dijo Blandón, no está teniendo los efectos esperados y se hace necesario reforzar las facultades de la Contraloría General de la República.
El objetivo de la reforma a la ley es otorgarle al contralor potestad para que requiera a los funcionarios que presentan la declaración jurada de estado patrimonial las modificaciones o las correcciones para cumplir con lo estipulado por la Ley 59, que señala una serie de información mínima que debe contener la declaración.
Lo que se le está concediendo a la Contraloría es la posibilidad de realizar una investigación en un proceso administrativo para deslindar la responsabilidad patrimonial frente al Estado.
Blandón aclaró que no pretende que la Contraloría sea una especie de instancia previa frente a una denuncia de carácter penal que deba presentarse ante el Ministerio Público.
El legislador manifestó que las modificaciones son necesarias porque en un fallo la Corte Suprema de Justicia hizo una interpretación errada del espíritu y del sentido de la Ley 59.
El artículo 299 de la Constitución Política establece que el presidente y vicepresidentes de la República, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de los tribunales ordinarios y especiales, el procurador general de la Nación y el de la Administración, los jueces, los ministros de Estado, el contralor General de la República, el presidente de la Asamblea Legislativa, el jefe de la Policía Nacional, los gerentes o jefes de entidades autónomas, empleados o funcionarios públicos de manejo conforme al Código Fiscal, deben presentar, al inicio y término de sus funciones, una declaración jurada de su estado patrimonial.
Blandón fue el creador de la Ley 59 cuando por primera vez en 1999 presentó un proyecto de ley que desarrolló el artículo 299 de la Constitución.
