La creación de una Autoridad Nacional de Atención a la Salud (Anas), que reemplace las funciones especializadas del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social (CSS), tiene un objetivo principal y sus consecuencias son varias.
El objetivo principal de la Anas se limita a permitirle a los diferentes sectores que tienen inversiones en el sector salud incrementar su tasa de ganancias. El presupuesto previsto para la nueva entidad, de aprobarse su creación, llegaría a cerca de mil millones de dólares. Un buen plan de rentabilidad del 12% le daría a los inversionistas una ganancia anual de $120 millones.
A diferencia de lo que algunos "garantes" alegan, a la nueva autoridad no se le asignan responsabilidades en el campo de la salud. Solo le interesa convertirse en concesionaria de los recursos del Estado y de la CSS (personal, infraestructura y logística) en materia de prestación de servicios médicos a quienes se convertirían en sus "clientes".
Las dos instituciones que dejarían de prestar servicios médicos tienen sus funciones definidas por la Constitución. El gobierno tiene la obligación de definir la política nacional de salud y, además, prestarle servicios médicos a todos las personas que residen en la República. La CSS, a su vez, tiene que atender a los asegurados y a sus dependientes. Si se aprueba la ley creando la Anas esas obligaciones constitucionales desaparecerían y la nueva entidad definiría a quiénes, cómo y dónde proporcionaría los servicios médicos.
Además, la Anas no tendría obligación alguna con el desarrollo de programas de salud que contribuyen al bienestar de la población panameña. Estos son los programas de salud preventiva, salud comunitaria, salud ambiental o de otros programas de salud,
La propuesta de la Anas pone la carreta por delante de los bueyes. Un programa de integración de los programas de salud tiene que comenzar por definir la población que va a atender. Los "garantes" pasaron por alto este punto. En el caso de Panamá, hay que comenzar por definir quiénes son los tres millones de habitantes del país, cómo se distribuyen según edad, sexo, área geográfica de residencia, empleo e ingresos económicos. Tomando en cuenta estas características, hay que definir cuáles son las áreas más vulnerables. En Panamá, el 40% de la población vive bajo la línea de la pobreza. En las áreas rurales casi el 70% de las familias se encuentra viviendo en la pobreza. Aún más, en la comarcas indígenas la pobreza castiga al 95% de la población.
La propuesta de los "garantes" ignora la realidad del país y las necesidades de la población. Como consecuencia, la propuesta es ajena a las necesidades de Panamá y de su gente. También llama la atención que los "garantes" plantean que es urgente integrar los servicios de salud del país, pero dejan por fuera de su propuesta al 30% de los recursos existentes. Es decir, no forma parte del plan de integración la totalidad de los recursos que maneja el llamado sector privado.
Sin embargo, la propuesta señala textualmente que los recursos del Estado y de los asegurados serían administrados por el sector privado. En países como Chile y Argentina esta política fue desastrosa obligando a los gobiernos a dar marcha atrás. La razón del fracaso de propuestas como la Anas es que la salud de la población no puede manejarse como una mercancía.
La reforma a la ley de la CSS, impulsada por el gobierno en 2006, traspasó los fondos de la institución a la banca privada nacional e internacional. La nueva propuesta de 2007 pretende recortar los servicios médicos a su mínima expresión y descarta los programas de salud. Ambas medidas se combinarían para crear una situación peligrosa e insostenible en materia de salud para el país.
