La celebración futbolística que todos esperábamos fuera la Copa Confederaciones en el país rey del fútbol, resultó ser el escaparate para que miles de brasileños manifestaran su descontento por la desigualdad social, un tema que pese a las mejoras en los últimos años aún tiene pendiente Brasil, el gigante sudamericano de 8.506.671 km/2, con una población de más de 198 millones de habitantes –la quinta del mundo– y un producto interno bruto per cápita basado en la paridad de compra de $11,909.00, según datos del Banco Mundial.
No parece que las protestas fueran contra el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, sino contra un sistema ineficiente y corrupto que mantiene “altos niveles de insatisfacción ciudadana con los servicios públicos” (Barómetro de las Américas, Número 93).
Para Carlos Alberto Montaner, periodista cubano radicado en Madrid, “la verdad profunda es que una buena parte de la sociedad [brasileña] está fatigada de la corrupción, la impunidad, la intrincada burocracia y la mala gestión que realiza el gobierno”. Nosotros sabemos que estos temas no son de una administración gubernamental ni de un país latinoamericano en particular; esa frase lapidaria también puede aplicarse a otros países del continente que, como el nuestro, presumen de buenos niveles de crecimiento económico y de lo visibles que son las obras de infraestructura que desarrollan.
Ante el incremento de la violencia en las protestas, Rousseff optó por anunciar un plebiscito que atendería las demandas de los manifestantes, tratando de aplacar la situación y lograr que la Copa terminara de la mejor manera posible.
Pasada la Copa, la presidenta recibe un revés político cuando partidos de oposición e incluso los de la coalición gubernamental vuelven a poner tensión social en Brasil, negándole la convocatoria a plebiscito. De esta forma quedó develada una mala estrategia de comunicación en crisis: buscar ganar tiempo tratando de anular las protestas, sin tener la voluntad política de resolver la situación de fondo. Esto hace prever que el descontento y las manifestaciones continuarán.
Pasemos ahora a Panamá: 75.560.00 km/2, 3.8 millones de habitantes y un producto interno bruto per cápita basado en la paridad de compra de $16,615.00, superior al brasileño. Según el Barómetro de las Américas, en Brasil se dio una “denuncia formal a nivel nacional contra la baja calidad de los servicios públicos, el aumento de la corrupción política y una mayor inflación”.
¿No son estos los mismos problemas que arrastra nuestro país hace décadas: muertos en la Caja de Seguro Social (dietilene glycol, neonatos), mal servicio de “diablos rojos” y metrobuses, licitaciones dudosas, sobreprecios, alto costo de la canasta básica, entre otros?
No contemplemos a la distancia lo que acontece en Brasil. Seamos conscientes de que crecimiento económico no necesariamente es sinónimo de igualdad, de distribución equitativa de la riqueza, de satisfacción ciudadana. Las protestas al ritmo de samba también pueden ocurrir en el país del tamborito si, de una vez por todas y en unidad, gobierno, oposición, empresa privada y sociedad civil, no establecemos las líneas de un proyecto nacional que garantice un desarrollo integral y sostenible en el tiempo.
Olvidémonos de lo que se ve en cinco años. Lo que debe importarnos es lo que con el pasar de los decenios tendrán las nuevas generaciones, y eso debe ser: un sistema democrático lo suficientemente consolidado en el que los gobiernos se dediquen a velar que en todo el país, no solo en la capital, los ciudadanos reciban una educación de calidad que los prepare para la competencia profesional; que contemos con un sistema de salud que respete la vida y al que no nos atemorice acudir, y con trabajos dignos que permitan a las familias vivir decorosamente. Si queremos, ¡podemos!@GCandanedoPaez
