Los trabajos de construcción de la casa de descanso presidencial en Pedasí se llevaban a cabo a espaldas de la mayoría ciudadana hasta que el diario La Prensa quitó el velo de esas labores en una nota publicada el 13 de febrero del 2000.
La residencia, una imponente casa de dos pisos que fuera construida por el ejército de EU en la década del 40, con la típica arquitectura canalera, ya era visitada con frecuencia por la presidenta Mireya Moscoso, pese a que los trabajos no había concluido.
Cinco días antes, el 8 de febrero del 2000, La Prensa dirigió una carta a la ministra de la Presidencia, Ivonne Young, en la que le pedía información ''sobre los recursos con los cuales se ha procedido a restaurar la 'casa de gobierno' de Punta Mala y mediante qué actos de licitación pública han sido asignadas las contrataciones de los trabajos que se han realizado''. No se obtuvo respuesta alguna.
El presidente de Transparencia Internacional (TI), capítulo de Panamá, Fernando Berguido, recomendó al Gobierno divulgar todos los detalles de la remodelación de la ''casa presidencial de veraneo'', mientras que el entonces ministro de Economía y Finanzas, Víctor Juliao, aseguró desconocer la procedencia de los fondos destinados a la remodelación. Esa nota se publicó el 15 de febrero del mismo año.
Un día después, a través de un comunicado, la Presidencia indicó que la remodelación se hacía con fondos de la cuenta personal de la mandataria y del Ministerio de la Presidencia.
El mismo día aparecían en todos los diarios nacionales, excepto en La Prensa, un anuncio pagado en el que los pescadores de Pedasí cuestionaban el manejo informativo que este diario le dio al tema.
Al día siguiente, el 17 de febrero de 2000, La Prensa informó que el mencionado anuncio publicado a página completa en cuatro periódicos del país por la ''Asociación de Pescadores Unidos de Pedasí'', en el que se pretendía desvirtuar la nota periodística de La Prensa sobre la remodelación de la casa presidencial en Punta Mala, fue pagado con fondos del Estado.
A finales de ese año, Moscoso negó una solicitud del diario El Panamá América que pretendía hacer un reportaje de su casa de descanso. La actitud de Moscoso fue cuestionada por el expresidente Ernesto Pérez Balladares, quien le recordó que la referida residencia no es de su propiedad, sino del Estado. Moscoso había calificado de ''absurdo y tontería'' el intento de periodistas de un diario local de querer hacer un reportaje sobre su casa de Punta Mala, tras argumentar que ello es imposible por razones de seguridad.
El 20 de diciembre del 2000, el entonces ministro de Gobierno y Justicia, Winston Spadafora, informó sobre la decisión de Moscoso de poner a la venta la casa.
Luego de transcurridos un año y medio desde que se anunció la venta, el 18 de julio del 2002, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que ya se llevaron a cabo inspecciones para determinar el área de avalúo en la finca número 12092, y que se tramitaba el informe pericial y de avalúo; también el ministerio está en camino de elaborar los pliegos correspondientes. Desde Pedasí, el 23 de agosto del año pasado, los representantes del distrito de Pedasí volvieron a solicitar a Moscoso que les otorgue el 15% del dinero que resulte de la venta de la casa presidencial de Punta Mala, con el fin de destinar esos fondos al desarrollo de obras sociales de esa comuna.
La Casa de Punta Mala retornó a la agenda con el arresto de los cuatro periodistas de La Prensa.