La administración de la Policía Técnica Judicial (PTJ) realizó la mayor depuración de personal desde su fundación en 1991, al anunciar ayer la destitución de 23 funcionarios y la aplicación de sanciones disciplinarias a otros 29.
Mediante una nota de prensa, el director de la PTJ, Rodolfo Aguilera, informó que además envió al procurador de la Nación, José Antonio Sossa, una lista con los nombres de 51 detectives con más de 25 años de servicios que deben acogerse a la jubilación. En su mayoría, proceden de las filas del Departamento Nacional de Investigaciones (DENI) y la desaparecida Policía Secreta.
El 73% de los casos investigados a lo interno de la PTJ por el delito de corrupción terminaron en destituciones, mientras que el 20% fue objeto de sanciones distintas a la separación del cargo. El restante 7% fue exonerado de responsabilidades.
Los actos de corrupción más graves comprobados fueron: la venta o empeño de armas de reglamento o armas confinadas a la institución y cobro de sumas de dinero para agilizar trámites dentro de la PTJ.
Además de actuaciones parcializadas en el manejo de expedientes, cobro de dinero por prestar servicios de seguridad durante horas de trabajo y negligencia en el manejo de fondos asignados a operaciones especiales.
Mientras que los actos de indisciplina que no constituyeron corrupción consistían en: conducta personal indecorosa, abuso en el uso de la fuerza, lesiones personales, pérdidas de placas, armas o carnet; daños por negligencia a la propiedad de la institución e incumplimiento de las órdenes superiores.
De los destituidos, 17 eran detectives y 6 inspectores, mientras que de los sancionados, 24 eran agentes y 5 inspectores.
El proceso de depuración interno incluyó además el traslado de nueve jefes de divisiones y el envío de vacaciones a otros 20 funcionarios. Los traslados incluyen cambios en las divisiones de Narcóticos, en la Agencia de Colón, la Inspectoría General, la Dirección de Responsabilidad Profesional (Asuntos Internos), el Departamento de Investigaciones Criminales y en la Dirección General.
Además se nombró a Marcela Gómez Candanedo de Antinori como asesora y vocera de la PTJ. Igualmente, se nombrará nuevo personal en el Departamento de Responsabilidad Profesional.
Aguilera consideró que la comprobación de los 23 casos de corrupción y las 29 sanciones disciplinarias, en comparación con mil 400 agentes con los que cuenta la institución, demuestran que se trata de un pequeño grupo de funcionarios que ha estado al margen de la ley.