En su campaña presidencial y mucho antes de que se hiciera público el desbarajuste económico en el que el país se encontraba, Barack Obama prometió que las reformas al sistema de salud, al sistema educativo y a política energética nacional serían sus prioridades de gobierno.
Una vez ganada la elección e instalado en el poder, el obligado rescate financiero del sistema bancario y la profundidad de la crisis económica nacional le han obligado a repensar los tiempos y los términos de la complicada encrucijada política en la que se encuentra el país y, por ende, su proyecto de nación. Esta semana, el Congreso ha decidido iniciar el debate para reformar el desvencijado sistema migratorio nacional, justo en el momento en el que varios estados y ciudades en la nación están al borde de la quiebra, añadiéndole así nuevas complicaciones al difícil predicamento en el que está el presidente.
Y aunque la sabiduría política convencional aconseja siempre concentrarse en las prioridades principales de la agenda y evitar a como de lugar los temas divisivos, y la reforma migratoria es, sin duda, uno de los más espinosos, al presidente no le va a quedar más remedio que invertir buena parte de su capital político para resolver otro más de los problemas que su antecesor le dejó pendiente y encabezar la lucha por una reforma migratoria profunda, generosa e integral, que podría darle nuevo ímpetu a la economía, reforzaría la seguridad nacional, restauraría el estado de derecho y contribuiría a mejorar la dañada imagen del país en el extranjero.
Como suele suceder en épocas de crisis económica, la atención de un sector de la población se ha enfocado en los inmigrantes, sobre todo en los indocumentados, y en los gastos en los que incurre la nación, los estados, las ciudades y las municipalidades para ofrecerles servicios. En California, por ejemplo, donde el déficit presupuestal actual rebasa los 26 mil millones de dólares y el Gobierno estatal envía pagarés a sus empleados en vez de cheques, ya los activistas antiinmigrantes han revivido la vieja recriminación de los contribuyentes a los residentes indocumentados.
Reclaman por el gasto que hace el Estado, entre 4 mil millones y 6 mil millones anuales, en escuelas para los hijos de los indocumentados, cárceles para los adultos que delinquen y servicios médicos de emergencia que utilizan; pero no consideran que los indocumentados pagan impuestos estatales cada vez que hacen una compra y que los impuestos que les retienen en sus trabajos, que nunca les son retribuidos porque carecen de registro en el seguro social, significaron una contribución neta al erario nacional de 12 mil millones de dólares en 2007.
La solución a este problema relativamente menor sería que el gobierno federal retribuyera ese dinero al Estado. Lo difícil va a ser que los congresistas demuestren que han aprendido de sus errores y que, en esta ocasión, enfrenten el reto de la reforma migratoria integral con inteligencia, generosidad y valentía. Que logren estructurar una reforma que vea la inmigración, no como un problema que hay que resolver, sino como una oportunidad que hay que aprovechar para recuperar parte de su disminuido liderazgo mundial y elevar los niveles de competitividad que, en ciertos momentos de su historia, tuvo este país de inmigrantes.
Decidir quién entra al país y quién no entra es una decisión soberana de los ciudadanos estadounidenses, pero ojalá el Congreso lea con atención el reciente informe de una comisión del prestigiado Council on Foreign Relations, presidida por Jeb Bush y Thomas Mack McLarty, y adopte sus conclusiones. Entre ellas, esta que sintetiza magistralmente el sentir de muchos norteamericanos: “(Estados Unidos) no puede ganar la larga lucha contra el extremismo ideológico, cerrando sus puertas a los ciudadanos del mundo que quieren visitar, estudiar o trabajar aquí”.