Expresando la indignación que siente el ciudadano común y corriente, el presidente Barack Obama recién llamó “desvergonzados” e “irresponsables” a los ejecutivos de las firmas financieras en Wall Street que se auto–concedieron 18 mil 400 millones de dólares en bonos por su desempeño en un año que resultó catastrófico para la mayoría de la gente.
La dura declaración del presidente fue en reacción a un informe del contralor del estado de Nueva York que confirma el hecho. El informe no precisa, sin embargo, si para el pago de dichos bonos se utilizó el dinero de los contribuyentes. Aunque ya desde octubre del año pasado circulaban versiones de fuentes acreditadas que sugerían que parte de los 250 mil millones de dólares que los bancos recibieron como adelanto de los 700 mil millones de dólares que la administración de George Bush pidió y que el Congreso aprobó para su rescate, fue utilizada para aumentar sus reservas, pagar dividendos a sus accionistas y dar bonos multimillonarios a sus ejecutivos.
Para documentar los excesos del reducido grupo de mandarines que controlan el mercado financiero estadounidense bastaría recordar el caso de la compañía aseguradora AIG, la misma que después de recibir un préstamo del gobierno federal por 85 mil millones de dólares para evitar su colapso, tuvo la desvergüenza de autorizar el gasto de 442 mil dólares para una reunión de sus ejecutivos de ventas en un hotel de lujo. Y esto sin contar los 15 millones que se llevó el jefe, Martin J. Sullivan, cuando lo corrieron por inepto.
Para ponerle coto a estos abusos, le corresponde al Ejecutivo y al Congreso encontrar los mecanismos legales que aseguren la devolución de este tipo de bonificaciones y que eviten que en el futuro, el dinero de los contribuyentes siga subsidiando los lujos de sanguijuelas como estas.
Ya el procurador de justicia del estado de Nueva York, Andrew Como, ha marcado la pauta al citar al ex presidente de la firma Merrill Lynch (hoy parte de Bank of America) John A. Thain a una comparecencia para determinar si los cuatro mil o cinco mil millones de bonos que anticipadamente otorgó a los ejecutivos de la firma fueron también por cortesía involuntaria de los contribuyentes.
Es alentador que Obama, valiéndose de los oficios del nuevo secretario del Tesoro Tim Geithner, haya obligado a los ejecutivos de Citibank a cancelar el contrato de venta por un nuevo jet privado que habría costado 45 millones de dólares. Un gasto que muy posiblemente habría terminado incluido en el rescate de los contribuyentes a la institución, que por ahora ronda 45 mil millones de dólares.
Pero más importante aún es el anuncio del secretario del Tesoro sobre el conjunto de normas que regirán la compensación de los ejecutivos de las compañías que pidan recursos de los contribuyentes. Reglas que deberán ser acordadas antes de empezar la distribución de los 350 mil millones todavía pendientes en el plan de rescate.
Una de las obligaciones del Gobierno es vigilar que el dinero de los contribuyentes se utilice de manera “inteligente, prudente y transparente”, pero para que este país se recupere de los excesos de los últimos ocho años es indispensable que el presidente Obama restaure la confianza en el prójimo. Hay que devolverle a la ciudadanía un mínimo nivel de certidumbre en las instituciones públicas y privadas, y para ello, el primer paso es instituir las medidas legales necesarias que permitan detectar a tiempo la corrupción y castigar a quienes actúan de mala fe.