Los incrementos en los precios de la comida de gente (granos) y la comida de carros (petróleo), y la transformación de la comida de gente en comida de carros (producción de etanol de maíz) que ha realizado la virtual alianza non sancta de los presidentes Chávez y Bush están haciendo subir muy significativamente el costo de la vida, sobre todo el de la canasta básica, en nuestro país. Todos los componentes que inciden en el costo de vida no han aumentado en la misma forma que lo han hecho los granos y el petróleo, pero casi todos han aumentado, con el resultado de que aunque el costo de vida no está aumentando tanto como el costo de la comida de gente y la comida de carro, su aumento en el año 2008 se vislumbra como el más alto de los últimos tiempos.
A continuación me permito esbozar cinco medidas importantes, que nos unirían como panameños, y que ayudarían significativamente a resolver el grave problema que nos viene de afuera. Tienen que haber muchas otras medidas adicionales que podrían tomarse, pero las cinco que siguen a continuación ameritan estudio y ejecución con la rapidez que la situación exige. La primera se trata de atacar el alto costo de la energía eléctrica. No es justo, ni correcto, que el precio de la energía lo ponga la planta térmica más ineficiente y que las plantas hidroeléctricas, que Omar Torrijos construyó con cargo a la deuda pública, que aún no hemos pagado y que fueron privatizadas a precios por debajo de sus costos, generen electricidad con agua panameña y nos la vendan al mismo precio que la planta térmica más ineficiente, que usa petróleo de más de 100 dólares el barril. Todo ese andamiaje de contratos que han hecho que la luz cada vez sea más cara debe ser renegociado y el Estado debe involucrarse nuevamente en la generación y distribución de energía, aunque solo sea en forma parcial.
La reforma tributaria obligó a los supermercados y demás establecimientos que producen, distribuyen o venden artículos de primera necesidad a doblar su utilidad, de 2% a 3% que ganaban sobre ventas, a un mínimo del 4.66%. Todos estos establecimientos dejaron de competir y se dedicaron a cumplir con el mandato de ganarse más del 4.66% sobre ventas. Aquellas empresas que principalmente venden alimentos deben poder nuevamente ganarse solo de 2% a 3% sobre ventas, antes de que se les aplique el CAIR, de tal forma que esto las incentive a bajar precios y no a subirlos.
Casi todas las personas naturales o jurídicas están obligadas a pagar un 30% de sus utilidades en concepto de impuestos sobre la renta, a excepción de los que tienen ingresos muy bajos, los que operan en la Zona Libre de Colón y el sistema bancario. Nuestra legislación tributaria debe reformarse en el sentido de que la banca también tribute al mismo nivel que lo hace el resto de las empresas. Zona Libre significa un área donde se puede dar el comercio sin restricciones mercantiles, sin aranceles, sin impuesto de venta, un área donde se pueden realizar negocios libremente. No significa una zona exenta de aportar al Estado una parte de sus utilidades para contribuir a sufragar los gastos que el Estado hace para el beneficio de todas las personas naturales o jurídicas que viven u operan en el país. Las empresas de Zona Libre deben tributar impuesto sobre una renta presumida de 4.66% sobre ventas.
Con estos ingresos adicionales de la tributación igualitaria de la banca y Zona Libre se podría realizar una reforma imprescindible del sistema de transporte urbano. No se trata de sueños de transmilenios o metros o elevados, que algún día tendremos, pero que requieren de grandes y costosas obras que tomaría años realizar, como el ensanche de calles, la construcción de estaciones, la excavación de túneles o la edificación de torres, sino de cosas más elementales, para hacer el transporte público más seguro, cómodo y económico. Se debe comprar y reemplazar por equipos modernos a todos los medios de transporte urbano, nacionalizando y racionalizando el sistema, de manera que los autobuses tengan seguro, los conductores y los pavos reciban salarios fijos y justos y sean incorporados al sistema de seguridad social, los equipos sean modernos, paren en las paradas y cumplan con las leyes del tránsito. El transmilenio, el elevado y el metro pueden venir después.
Todas estas cuatro medidas unirían a las mayorías panameñas y nos ayudarían a enfrentar la crisis que viene de afuera, pero la medida que más nos ayudaría a hacerle frente a la alianza non sancta tiene que ver con el Canal de Panamá. Si queremos comida de carro tenemos que pagar los precios que nos imponen. Si queremos comida de gente, tenemos que pagar los precios que nos cotizan. En última instancia, el único precio que podemos poner nosotros son los peajes de nuestro Canal. Si nos suben el petróleo, debemos subir los peajes en igual proporción, es decir, indexar los peajes al petróleo. Y esto tiene más sentido de lo que parece. El Canal ahorra combustible a los barcos que tendrían que usar otras rutas, si no existiera el Canal; en otras palabras, mientras más suba el petróleo, más competitivo se hace el Canal, permitiendo aumentos indexados de peajes. Estos nuevos ingresos deberían ser usados exclusivamente para subsidiar los costos de los derivados de petróleo que importamos, contrarrestando así parte del aumento del costo de vida causado por la virtual alianza non sancta.