Los ciudadanos tomamos la decisión en referendo de que al Canal había que ampliarlo. Las obras deben terminar el próximo año, para que más buques puedan atravesarlo y barcos más grandes crucen la zanja en menos tiempo. Pero allí no terminan los beneficios de dicha ampliación. Los puertos existentes en Panamá y en el exterior se preparan para ofrecerle más y mejores servicios a ese mercado adicional de buques, carga y contenedores, que generará el Canal ampliado. El puerto de Corozal es nuestra mejor opción, pero para llevarlo adelante, el Gobierno y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) deberán enfrentar y solucionar varios retos.
Primero. Los vecinos de Corozal se quejan, con razón, debido a que sufren por el intenso movimiento de carga que se da en su entorno, en virtud de las operaciones del puerto de Balboa, y porque el futuro puerto de Corozal agravará su ya deteriorada calidad de vida.
¿Tiene la autoridad (sea la ACP, el Tránsito o cualquiera otra institución) la credibilidad suficiente para garantizar el cumplimiento de un plan de manejo de tránsito ordenado, que no afecte más a esos ciudadanos? ¿O el futuro puerto, en aras del crecimiento económico hará lo que le venga en gana, ante unos vecinos que no soportan tanta inseguridad para ellos y sus familias?
Segundo. Un sector de los capitanes de la ACP se ha quejado porque el nuevo puerto en Corozal no contaría con las condiciones de maniobrabilidad operacional para el manejo de los buques en su dársena.
¿Le ha demostrado la ACP a este personal que el nuevo puerto sería perfectamente manejable y que no representará riesgos ni para los buques ni para el puerto? Si tal preocupación es ya un hecho demostrable, la ACP lo debe dar a conocer públicamente para quitarle obstáculos al camino del nuevo puerto.
Tercero. La Comisión de Infraestructura de la Asamblea rechazó, en primer debate la equiparación fiscal de Corozal con los otros puertos existentes en el país. Su argumento básico es que la futura concesión portuaria es lo suficientemente atractiva y competitiva como para darle mayores incentivos a sus promotores. El drama es que si no se le da esa equiparación a Corozal, vendrá la demanda ante la Corte, de la ACP o del futuro promotor, y es altamente probable que la Corte termine dándole la razón, a no ser que la Asamblea legisle para modificar los incentivos a todos los concesionarios existentes en las riberas canaleras de Panamá y Colón, con el riesgo de que estos también presenten sus respectivas demandas ante la Corte por afectar la sacrosanta seguridad jurídica. Este escenario de entronques jurídicos es fatal, porque implicará mucho tiempo para que se resuelva para beneficio de nuestra competencia externa. ¿Están los equipos jurídicos de la ACP y del Gobierno preparados para minimizar estos riesgos jurídicos?
Cuarto. Alrededor del puerto de Corozal se mueven grandes intereses, que se volverán a expresar en la próxima consideración del proyecto en la Asamblea, por lo que, la ACP debiera acompañarse políticamente por el Ejecutivo, a fin de dar las garantías contundentes al país de que la adjudicación del nuevo puerto se dará luego de un proceso transparente y equitativo. ¿Tienen el Ejecutivo la estrategia, el equipo y los recursos para superar este reto de intereses encontrados?
Espero que la ACP y el Ejecutivo superen, con anticipación, los retos abordables antes de volver a la Asamblea y enfrenten los propios en esa instancia de negociación política, a fin de que el nuevo puerto de Corozal pueda desarrollarse armónicamente con la calidad de vida de sus vecinos, la seguridad del Canal, la competencia portuaria y la exigencia de transparencia en su adjudicación. Pero, sobre todo, por los beneficios que de seguro brindará a los panameños.