Es una paradoja, pero la riqueza de uno de los países más pobres de América es una de las principales fuentes de conflicto desde hace más de un lustro.
El actual presidente boliviano, Evo Morales, ha hecho del indigenismo su bandera política, pero no ha sido este concepto, sino la lucha por el beneficio generado por los hidrocarburos, el caballo a lomos del cual llegó a la Presidencia de Bolivia, haciendo previamente la vida imposible a su antecesor, Carlos Mesa.
Y una vez en el Palacio Quemado, Morales no tardaría en descubrir que los problemas políticos y sociales que genera esta riqueza no habían terminado con una ley que promulgó y que ponía fin al injusto reparto de beneficios entre las multinacionales y el Estado boliviano. Más bien al contrario.
A una polémica nacionalización de la industria gasística –que terminó en la asociación de hecho con las vituperadas multinacionales que explotan los hidrocarburos–, le siguieron conflictos primero con Brasil y después con Argentina por la subida abrupta del precio, ciertamente bajo, del gas que les vendía.
Y siguió una extrema tensión política con las provincias autonomistas por el nuevo reparto de millonarios beneficios.
Pero todas estas medidas no han servido para modernizar la industria boliviana ni aumentar su producción de combustibles refinados.
Con un fuerte subsidio desde hace siete años el país sufría un chorreo literal de combustible de contrabando a sus vecinos, que era insostenible.