Gobernantes de distintos colores nos legaron un Seguro en crisis. Y el gobierno actual asumió el poder, sabiéndolo. Prometieron un cambio. El pueblo les creyó. Pero continuaron con lo mismo: usar la CSS como caja chica, debilitar su institucionalidad, pisotear su autonomía y esconderle la carta de navegación. Sacó a su director general, desconociendo el procedimiento y encendiendo la mecha del acumulado descontento popular. Y la presidenta todavía pretende que se traguen otra promesa más. ¿Tendrá iguales fuentes de información que su ministro de Gobierno cuando juró que la criminalidad había disminuido?
Ni el agua bendita de los obispos pudo lavarle la cara. Ojalá el Gobierno buscara testigos de sus acciones y no de lo que el pueblo jamás le permitirá. No privatizar la CSS, no detiene su caída. No meterle la mano, mayores rendimientos de sus dineros, fijarle un rumbo específico y desarrollar políticas generadoras de empleo, permitirán mantener viva la obligación constitucional del Estado de garantizar la seguridad social. La respuesta de los arnulfistas: la mesa de diálogo. No se elige un gobierno para que abra eternas mesas de diálogo a fin de tratar asuntos de Estado; ese es un mecanismo para ventilar problemas coyunturales.
La CSS sigue hundiéndose. Los arnulfistas, que recién descubren el virus de la incapacidad administrativa, en cuatro años no han avanzado. Y mostrando un desfase histórico inexcusable, acusaron a un difunto comunismo de provocar las protestas producidas por su inercia administrativa y su nula creatividad.
No prepararon el personal idóneo para llevar a cabo la tecnificación y expansión de la seguridad social. Nunca se les ocurrió instrumentalizar una fórmula eficaz de control previo de funcionamiento, que guiado por la Constitución mirara a impedir estados de insolvencia y malos manejos. Esto es parte de la agenda social de los arnulfistas. Esa misma que abre sus puertas para que más de un millón de ciudadanos vivan en la pobreza y que de ellos casi 700 mil en la pobreza extrema. ¿Y el resto de los panameños? ¿Son ricos?
Los arnulfistas no entienden que el mandato recibido los obliga a utilizar el Gobierno para impulsar cambios legales y administrativos que permitan la prestación oportuna y eficiente de los servicios de la CSS y que le suministren oxígeno a sus finanzas. Mientras a las promesas no siga una férrea voluntad de ejecutar, los programas políticos serán un señuelo de atracción de masas frustradas en sus aspiraciones de superar la miseria.
Las manifestaciones actuales de este viejo problema evidencian la bancarrota del gobierno arnulfista. La presidenta solicita ayuda, no a su equipo, sino a los candidatos. Quería participar de la fiesta bailando con el sector laboral, pero al final cambió de pareja.
Solo un gobierno que imprima dinamismo en la economía, que respete y haga cumplir la obligación de aportar, podrá ganarse la credibilidad popular. Un gobierno dispuesto a nutrir los recursos de la CSS en un presupuesto real. Solo entonces adquiriremos conciencia de la seguridad social y su madurez reportará paz, trabajo y un nivel de vida superior a todos los ciudadanos. Mientras, un trofeo cuelga en las paredes de la Presidencia: la cabeza de Jované, recuperada en el coto de caza de la CSS.
