Rafael Pérez G. rperez@prensa.com El enfrentamiento entre el presidente de la Asamblea Legislativa, Jacobo Salas y José Antonio Sossa, procurador general de la Nación, tiene antecedentes que se remontan más allá de la simple disputa que ambos protagonizaron el pasado viernes en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa.
Salas, quien ocupa una curul en la cámara legislativa en representación del Partido Arnulfista, figura entre las personas que más han cuestionado el manejo del Ministerio Público en manos de José Antonio Sossa.
Varios botones de muestra Jacobo Salas salió a defender al obispo de Colón y Kuna Yala, Carlos María Ariz, en momentos en que el procurador Sossa lo acusaba de proteger, presuntamente, a narcotraficantes. Ariz había hecho referencia a la lentitud como se manejaba una investigación por supuesto lavado de dinero que mantuvo detenido por dos años al empresario de la Zona Libre de Colón, Walid Zayed.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió al empresario.
Pero, sus críticas contra la administración Sossa no quedaron allí. Salas también vio con malos ojos que el procurador, presuntamente, haya ordenado la intervención de las conversaciones telefónicas del abogado Santander Tristán Donoso, en momentos en que éste conversaba con Abdel Zayed, padre del empresario Walid Zayed, a quien aconsejaba por razones humanitarias. Tristán se querelló criminalmente contra Sossa, pero el procurador fue sobreseído de manera definitiva por un fallo del pleno de la Corte a finales de diciembre de 1999.
El presidente de la Asamblea también estuvo abiertamente en contra de una iniciativa del presidente del Partido Popular (PP), Rubén Arosemena, que intentaba devolverle la facultad al procurador Sossa, de nombrar y remover al director y subdirector de la Policía Técnica Judicial (PTJ).
Esa iniciativa, a su juicio, supondría darle poder absoluto al actual jefe del Ministerio Público.
Asimismo, se pronunció en torno a la supuesta negativa de una investigación, por parte del Ministerio Público, en el caso del empresario y político, Alfredo Oranges. Sobre ese caso, Salas señaló que la actitud del procurador reflejaba una selectividad de su parte en el manejo de la justicia en Panamá.
El actual presidente de la cámara legislativa fue quizás el legislador que mayormente cuestionó las investigaciones que la Procuraduría hizo en el caso del supuesto soborno a los legisladores, tras argumentar que Sossa había violado sus derechos constitucionales.
Salas se querelló contra Sossa por abuso de autoridad y extralimitación de deberes públicos, luego de que el procurador ordenara la práctica de diligencias sobre sus cuentas bancarias, depósitos a plazo fijo y cuentas cifradas. Sossa, igualmente fue sobreseído en este caso.
El abogado que llevó la representación del legislador Salas fue Alexis Sinclair, quien se encuentra detenido en medio de una investigación por un desfalco a las arcas del Banco Nacional de Panamá. Sinclar ha reclamado su inocencia en este caso.
Ahora Salas y Sossa vuelven a enfrentarse porque este último ha recurrido a la Corte para evitar asistir a una citación que le hiciera el actual presidente de la Asamblea. Esta polémica nos recuerda el disco que dice: si tú me tiras a mí las cajas, yo te tiro los cajones.
