La Iglesia católica panameña recopiló una gran cantidad de evidencias documentales y testimoniales sobre el secuestro y asesinato del padre Héctor Gallego, perpetrado en 1971, pero el temor de sus más altos prelados en relación con los militares impidieron que se conociera la verdad de los hechos, según revelan documentos desclasificados de los estamentos de seguridad estadounidenses.

La Prensa tuvo acceso a una serie de notas clasificadas como “secretas” que estaban en poder de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Estado norteamericano. Los documentos fueron elaborados durante los tres meses siguientes a la desaparición del sacerdote colombiano y demuestran los esfuerzos, temores y presiones que sufrió la Iglesia católica durante los días posteriores a este hecho, ocurrido el 9 de junio de 1971 en Santa Fe, Veraguas.

Notas clasificadas como ‘secretas’ que estaban en poder de la Embajada de EU en Panamá, la CIA, el FBI y el Departamento de Estado norteamericano.
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Notas clasificadas como ‘secretas’ que estaban en poder de la Embajada de EU en Panamá, la CIA, el FBI y el Departamento de Estado norteamericano.

Según estos documentos, la Iglesia católica designó al obispo de Veraguas, Martín Legarra, para que encabezara la investigación del secuestro. De inmediato se buscaron fondos privados para crear una oficina central y contratar a un abogado, labor que recayó en primera instancia en el doctor Winston Robles. La idea de contratar en México a un investigador privado tuvo su mayor obstáculo en la figura del teniente coronel y jefe del G-2 de la Guardia Nacional, Manuel Antonio Noriega.

El caudal de información recabado por la Iglesia católica tuvo sus frutos de inmediato, y, según un informe del 25 de junio de 1971 hecho por la CIA y el Departamento de Estado norteamericano, para esa fecha la alta jerarquía de la Iglesia conocía los cuatro nombres de los miembros de la Guardia Nacional que participaron en el secuestro y homicidio de Gallego, además del nombre de la persona que ordenó este secuestro y de la numeración de la placa del vehículo que fue usado.

Este informe señalaba a un oficial Magallón como el responsable de haber golpeado al sacerdote y de haberlo metido en un automóvil. Fue “asistido” por otro militar, de apellido Agrazal, y otros dos militares estaban dentro de un jeep.