Una de las principales promesas del señor Presidente de la República en su campaña proselitista del año 2004 fue que su gobierno le iba a brindar “más seguridad al pueblo panameño”. Hoy somos testigos de que esa promesa, al igual que muchas otras hechas en campaña no ha sido cumplida. Nunca antes el país había tenido índices tan altos y alarmantes de criminalidad. Ya los ciudadanos no podemos salir a las calles, inclusive, ni estar tranquilos en nuestras casas, porque somos susceptibles de ser atacados y hasta asesinados por el hampa o alcanzados por un disparo producto de una balacera entre pandillas.
En los primeros meses de gestión del actual gobierno, el ministro de Gobierno y Justicia de ese entonces, Héctor Alemán, anunció que se estaba estructurando un plan de seguridad integral denominado “Mano Amiga”. Han pasado ya cuatro años desde entonces y ha quedado en evidencia que ese plan fue un total fracaso. Han pasado por la jefatura de la Policía Nacional dos cabezas y dos más por el Ministerio de Gobierno y Justicia, y el problema de la seguridad en el país se agrava cada día más.
En la actualidad para supuestamente atacar este problema, el Órgano Ejecutivo, facultado por la Asamblea Nacional para legislar por medio de decretos ley, discute cinco anteproyectos relacionados al tema de la seguridad. Estos anteproyectos se centran en la creación de un Servicio Aeronaval, un Servicio Nacional de Fronteras y la creación de un Servicio Nacional de Inteligencia, además de revivir el escalafón militar.
Pero debemos necesariamente preguntarnos, ¿por qué tratar un tema de Estado bajo el secretismo de sesiones de Gabinete secretas? Recordemos que este gobierno dispuso como confidenciales y no aptas de ser publicadas las sesiones del Consejo de Gabinete. Pareciera que se suplanta la creación de instituciones de represión dentro de los cuarteles y ahora se hacen dentro del Gabinete. O es que ¿será que hay algo más?, será que se quiere revivir el militarismo concentrando mucho más las fuerzas de seguridad, creando un escalafón militar, nuevos cargos militares y reviviendo el temido G–2, ahora con nombre nuevo y de esta forma garantizar que a la salida inminente del Gobierno en el año 2009 se tenga una cuota de poder dentro de los entes de seguridad y con el derecho a violar nuestro sagrado derecho a la intimidad.
Definitivamente que el accionar del Gobierno en este tema levanta muchas sospechas... Ya se va aclarando el panorama, ahora comprendemos el porqué de la aprobación de la ley que creó la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), la cual puso en manos del Ejecutivo la tarea policíaca judicial, al parecer estamos frente a un plan orquestado por el Gobierno tendiente a revivir el militarismo y disminuir las libertades y garantías individuales de los ciudadanos de nuestra patria, consagradas en la Constitución Nacional y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El país no necesita militarizarse, no hay causas ni motivos para ello. Gracias a Dios en nuestro suelo patrio no existen guerrillas, ni fuerzas insurgentes que amenacen a nuestra democracia, ni mucho menos somos blanco del terrorismo internacional, por ende, no necesitamos para arreglar el problema de la seguridad una “Ley Patriota”, ni nada que se le parezca y que amenace nuestras libertades ciudadanas.
Nos queda exigirle al Ejecutivo que envíe estos anteproyectos de ley al Consejo de la Concertación Nacional, que según el propio Presidente de la República fue creado para discutir temas sensitivos y políticas de Estado, con la participación de todos los actores de la sociedad civil y política y sin secretismos.
Cumplamos entonces con las instituciones que legalmente creamos y practiquemos con el ejemplo, discutiendo en el seno de la Concertación Nacional este tema que nos interesa a todos y luego con un consenso nacional se remita a la Asamblea Nacional para su aprobación.
El autor es abogado
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