A pesar de la inestabilidad acrecentada por la aparición del depuesto presidente Manuel Zelaya en la embajada brasileña de Tegucigalpa, en días recientes han comenzado a surgir señales alentadoras para una salida negociada a la crisis política de Honduras.
El diplomático chileno John Biehl, enviado por la OEA para abrir camino a la delegación de cancilleres que llegará el miércoles, está haciendo lo que su secretario general, Miguel Insulza, nunca hizo: tender puentes entre las partes en conflicto, tomar en cuenta a las instituciones hondureñas e incorporar actores al diálogo.
El presidente de Costa Rica y mediador latente, Óscar Arias, decidió llamar a la comunidad internacional a no aislar a Honduras, bajo la premisa de que es mejor estar presentes para influir que ausentes para protestar.
El torpe “estado de sitio” decretado el pasado domingo por Roberto Micheletti, presidente en funciones, ha encontrado resistencia en los empresarios, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Es posible que sea anulado. Por el momento, al menos, ha derivado en una versión light.
Tras una complacencia irrespetuosa de las normas diplomáticas, al fin Brasil parece haber pedido a Zelaya que no utilice su hospitalidad para generar mensajes incendiarios e inducir al desorden civil. Además, una misión de congresistas brasileños visitó Honduras y se reunió, por separado, con Micheletti, Zelaya y representantes de múltiples instituciones.
Y hasta el propio Presidente depuesto ha declarado estar dispuesto a comparecer ante los tribunales y volver al cargo con poderes limitados y supervisión estricta.
De este modo, pareciera que mientras decrece el protagonismo provocador de Hugo Chávez, sus aliados del Alba y el Zelaya demagogo, aumenta el de su “yo” pragmático, los gobiernos más razonables y los sectores ilustrados dentro de Honduras.
Todos estos indicios –aún frágiles– apuntan hacia la posibilidad de se llegue a una salida pactada, que tome en cuenta las facetas más importantes de la crisis.
La primera es resolver la ruptura constitucional que se dio con la expulsión de Zelaya, el 28 de junio. Algo debe hacerse para superar el statu quo y retornar a una normalidad democrática legítima.
De forma simultánea, hay que conjurar los fantasmas que generaron el golpe: las maniobras previas para imponer la reelección presidencial, y su desdén absoluto de Zelaya por las instituciones legislativas, judiciales y electorales.
Todo, sin embargo, debe tener como fin último despejar el camino para que siga adelante un proceso electoral que había comenzado antes de la destitución presidencial, y sin el cual no podrá haber una solución estable.
La intención de Chávez y su grupo es impedirlo. Zelaya, en varias oportunidades, ha actuado como su marioneta. Muchos gobiernos, incluido el de Estados Unidos, han amenazado con desconocerlo. Y la suspensión de garantías impuesta por Micheletti lo ha entorpecido gravemente.
Todas esas amenazas y riesgos reales deben ser conjurados por cualquier diálogo que, finalmente, logre emprenderse.
Si algo debe salir de los renovados intentos por solucionar la crisis, es un blindaje de las elecciones. Estas, incluso, podrían desarrollarse, y ser legítimas, aunque exista un cierto grado de anormalidad institucional, siempre que se garantice la participación equitativa en la campaña y honestidad y pureza de la votación.
Lejos de amenazar con el desconocimiento, la comunidad hemisférica debe volcarse a generar las mejores condiciones posibles para que el proceso siga adelante, y acompañarlo de forma activa.
Si antes –y, ojalá, rápidamente– se logra restituir la legitimidad gubernamental, mucho mejor. Las señales de los últimos días generan algún optimismo. Pero frente a la eventualidad de pocos avances o hasta fracaso en ese campo, lo peor sería cerrar la salida de las urnas.
América Latina no tendría hoy tantas democracias si no fuera porque, en algún momento, gobiernos ilegítimos dieron paso a elecciones que reinstauraron la democracia.
Honduras no tendría por qué ser una excepción para mal.